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Instituciones denigradas

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11.04.2026

La primera semana de los dos juicios que han devuelto la corrupción al escaparate público se ha resuelto de manera dispar. Era sabido que el hecho de que la Audiencia Nacional destinara el inicio de la vista oral por la ‘trama kitchen’, que sienta en el banquillo a la cúpula de Interior bajo el Gobierno de Rajoy, a dilucidar las cuestiones previas, iba a posponer la enjundia de las declaraciones ante la sala. Con el ‘caso mascarillas’ que encausa en el Supremo al exministro Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama ha ocurrido lo contrario: las tres primeras jornadas del juicio han sido lo suficientemente sustanciosas para trazar un cuadro preciso de las reprobables conductas políticas -se verá si penales- arraigadas en torno a aquel Ministerio de Transportes capitaneado por el entonces todopoderoso Ábalos. Lo visto estos días por los magistrados del tribunal no prejuzga, por supuesto, el sentido de su sentencia. Pero los testimonios de Jésica Rodríguez y de la ex miss Asturias Claudia Montes, ambas ligadas a Ábalos, y los de cargos de las empresas públicas en las que estuvieron contratadas ratifican que el exministro se prevalió de su poder e influencia no solo para enchufarlas, sino para beneficiarse a sí mismo a través de la trama concebida por De Aldama.

 Y que en el juicio centrado en el negocio ventajoso con material sanitario en lo más crudo de la pandemia se hayan colado dos testificales que refieren la supuesta circulación de sobres y entrada de dinero negro en la sede federal del PSOE en Madrid alimenta la pieza separada que instruye la Audiencia Nacional. Pero si algo han proyectado estas sesiones es una depauperación de la actividad política y del compromiso público que señala inexcusablemente a Ábalos y apunta a, cuando menos, una falla in vigilando de Sánchez. Porque al margen de las responsabilidades penales que se acrediten o no, la democracia también debe ser la evitación y supresión de comportamientos que denigran la obligada ejemplaridad de las instituciones y abochornan a una ciudadanía que no tiene por qué soportarlos.


© Diario de Navarra