La coincidencia de dos juicios de la envergadura de los que sientan en el banquillo al exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz y al exministro de Transportes del PSOE José Luis Ábalos cristaliza el mal que puede encarnar la corrupción germinada en las entrañas del Estado. Tanto a Fernández Díaz como a Ábalos, junto al resto de imputados, les asiste el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que se acreditará o no tras el contraste de las pruebas recopiladas en sus respectivos sumarios, del desfile de testigos y de las declaraciones de los propios procesados. Pero lo que ambas instrucciones judiciales han hecho aflorar ya es la existencia de conductas presuntamente delictivas que apuntan a dos demoledores episodios de corrupción institucional de distinta naturaleza. La supuesta utilización de una mal llamada “policía patriótica” y de fondos públicos reservados para neutralizar los secretos contables que el extesorero del PP Luis Bárcenas -condenado a su vez por prácticas ilícitas- podría esgrimir contra el partido entonces dirigido por Rajoy y María Dolores de Cospedal remite a una podredumbre insoportable e intolerable en un Estado democrático. 

El ‘caso mascarillas’, primer juicio a la red que nació con el nombre de Koldo García, describe una vieja fórmula de enriquecimiento personal amparada, en este caso, en la influencia del entonces ministro Ábalos y con el agravante de haberse beneficiado de la angustia social por la pandemia. El PP de Feijóo no puede cargar con las eventuales responsabilidades contraídas por el PP de Rajoy, pero ello no exime al partido de anteponer la obligada limpieza de la democracia a la preservación de los intereses propios. Los populares no han de limitarse a levantar una trinchera frente al señalamiento por parte de sus rivales, sino que han de construir un nítido cordón sanitario frente a comportamientos deleznables. Y en la otra acera, el Gobierno y el PSOE no pueden eludir que Ábalos fue el escudero del presidente vigente ni el desdoro retrospectivo que implica que Sánchez llegara a La Moncloa sobre una moción de censura galvanizada por la ‘Gürtel’ del PP y argumentada por el exministro hoy enjuiciado. Es descorazonador que los dos grandes partidos vean con tanta nitidez la gangrena ajena y no la propia. Y que no asuman que la corrupción, sea pasada o presente, no permite escapatoria.

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