25 de abril 2026 - 03:08

Las familias nacionalistas se parecen. También la separatista catalana formada por Junts y ERC y derechista que componen PP y Vox. El derecho a decidir y la prioridad nacional son siameses, por su tinte supremacista y su antagonismo con la Constitución. En el procés, decidir era un derecho natural y votar lo más democrático. Pero, cuáles eran los límites. ¿Una región, una provincia, una ciudad? Incluso, ¿un barrio rico podría autodeterminarse, votando democráticamente para separarse de territorios menesterosos?

El planteamiento de PP y Vox es similar. Se vende bien el América primero de Donald Trump. El catedrático de Constitucional de Granada, Agustín Ruiz Robledo, ha advertido que la música del acuerdo extremeño no es compatible con los principios de una sociedad liberal y destila tintes xenófobos. La prioridad nacional se acompaña de expresiones como no más menores acompañados, ni una plaza más en centros de acogida de inmigrantes, protección al sector agrario de las imposiciones de Bruselas, rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur, reducción de los recursos destinados a cooperación internacional, blindaje frente a la Agenda 2030...

El profesor Ruiz Robledo señala en la letra cautelas del tipo “ajustado a la legalidad vigente”, para salvar el texto. Aunque añade que Extremadura no tiene competencias para prohibir burka o niqab, y que la prioridad de los productos españoles en comedores públicos es contraria a la legislación comunitaria. Cabe preguntarse por qué limitan la preferencia al ámbito nacional y no marcan una vecindad más cercana. Se quedan cortos. Puestos a priorizar ayudas o viviendas protegidas, por qué no a los de la región, la provincia o el pueblo en cuestión. Llevado al absurdo, el principio supremacista queda ridículo.

Esta prioridad nacional marca el camino a emprender por futuros gobiernos de la derecha española, contrarios a la regularización de inmigrantes. En Cinco Días, el profesor Manuel Hidalgo ha desmontado cinco mitos contra las regularizaciones masivas. Este economista desmiente el efecto llamada, bajadas de salarios, sobrecargas a la economía y erario público, o el aumento de la inseguridad, con datos de la OCDE, la red académica INFER, España, Francia, Italia, Reino Unido y el proyecto TransEuroWorkS. Junts también rechaza la regularización. Los nacionalistas, se parecen tanto...

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