Señalaba en un anterior artículo que en el caso del Estado español la derecha tradicional lejos de poner un cordón sanitario a la extrema derecha, como ha sucedido en Francia o Alemania, la ha aupado a los gobiernos de las comunidades autónomas y a las presidencias de muchos de sus parlamentos, compartiendo además poder con ella en casi 150 ayuntamientos. Y que, en la reciente ruptura de los gobiernos de las comunidades autónomas, con la excusa de la corresponsabilidad de estas en la acogida de los menores migrantes, ha sido Vox quien abandona al PP, no este quien rompe con la derecha extrema. Lo hace para diferenciarse del PP y competir en radicalismo con la otra ultraderecha de Alvise, así como por marcar perfil propio ahora que se integran en el Parlamento Europeo, junto a Le Pen y Salvini, en el grupo Patriotas por Europa, tan pro-ruso como trumpista.

En el camino, con la evidente complicidad del partido de Alberto Núñez Feijóo, la ultraderecha ha venido desplegando, tanto en los gobiernos autónomos como en las corporaciones locales, su reaccionaria agenda antifeminista, homófoba, negacionista de la Crisis Climática y profundamente antisocial. Y, por supuesto, tan racista como xenófoba e insolidaria con Canarias, como estamos viendo estos días en el tema de la distribución de los menores inmigrantes no acompañados.

En su momento, todos los grupos del Parlamento de Canarias, salvo Vox, respaldaron el acuerdo alcanzado por los gobiernos español y canario para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería (ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) y garantizar la distribución de los menores no acompañados que llegan a las islas. Además, esta medida cuenta con el apoyo de los cabildos, ayuntamientos y entidades........

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