06 de diciembre 2024 - 08:00

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, más conocida como la Ley de Dependencia, fue aprobada en 2006, marcando un hito en la política social española. El objetivo era proporcionar un marco estructurado que garantizara asistencia a personas con limitaciones en su autonomía, por tanto, una cuestión de gran relevancia social y económica, a la vez que compleja y difícil de organizar y gestionar.

Este gran logro social del estado del bienestar sobre el que se asienta el cuarto pilar referido al Sistema de Servicios Sociales, se configura como un eje fundamental en el que se incluye la atención a las personas en situación de dependencia; en la actualidad, se enfrenta a un gran reto que, sin duda, condicionará su evolución futura. A lo largo de estos años, el recorrido ha sido irregular, con fluctuaciones en los presupuestos asignados y en la agilidad del sistema de reconocimiento y acceso a las prestaciones.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se diseñó en una etapa de crecimiento económico, aunque se puso en marcha cuando comenzaba una profunda crisis. Pese a que su aprobación fue en 2006, es a comienzos de 2008 cuando su aplicación se hace real y efectiva, iniciándose su despegue. En mayo de 2008 se empezó a publicar información sobre las prestaciones para personas en situación de dependencia.

En los primeros meses no hubo listas de espera y la cobertura alcanzó el 100%, pero en octubre de ese mismo año cayó al 61,92 %, limitándose a personas con grado 3. A medida que más personas accedían al sistema, las listas de espera iban aumentando. Inicialmente, el sistema se enfrentó a problemas como la burocracia excesiva, criterios dispares entre comunidades autónomas y el crecimiento de casos pendientes.

Después de esta fase inicial, comenzó a consolidarse, mejorando la gestión interterritorial, hasta que la crisis económica de 2011 le afectó........

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