EN abril de 2018, Nicaragua se vio envuelta en una crisis de país, como consecuencia de las protestas populares contra la reforma del Seguro Social y de la violencia policial. Pronto los gritos se extendieron como un descontento creciente, durante varios meses, hasta la petición ciudadana de dimisión del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo. Las manifestaciones reclamaban, además, elecciones anticipadas. El Gobierno reaccionó de inmediato. La policía y los militares recibieron la orden de reprimir a tiro limpio y en los dos meses y 29 días que duró la insurrección ciudadana, fueron asesinadas 325 personas.

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en menos de dos semanas fueron detenidas unas 600 personas de las que 119 siguen presas. Oleadas de represión, desde abril de 2018 hasta hoy, se ensañaron con periodistas que marcharon al exilio en un total de 253; otros 56 medios de comunicación fueron clausurados, algunos de los cuales siguen informando desde Costa Rica. Han sido detenidos docenas de religiosos católicos, cerca de treinta, entre ellos varios obispos, uno de ellos, Rolando Álvarez permanece en una celda de seguridad, después de ser condenado a 26 años de cárcel. Este obispo no acepta el destierro voluntario. ¿Imputado por qué? Por lo mismo que todos, por traición a la patria.

Por orden de la vicepresidenta Rosario Murillo, se sigue persiguiendo a veteranos sandinistas que no están de acuerdo con Daniel Ortega y su gobierno. Las purgas alcanzan a ex altos funcionarios y a veteranos que ocuparon cargos en los gobiernos sandinistas anteriores y fueron parte del círculo íntimo de Ortega. Desde aquel 2018 hasta hoy, Ortega ha cerrado cientos de ONG y asociaciones gremiales, 37 de las cuales son redes internacionales y 19 empresariales. Además, 316 personas han quedado en la actualidad en situación de apátridas que esperan en países vecinos una posibilidad de ingresar a su país. Les aguarda juicios por traición a la patria. Para llevar a cabo los planes de represión el Gobierno cuenta también con miles de milicianos, en otro tiempo denominados “turbas divinas”.

Los primeros cierres de asociaciones se justificaron en un supuesto proceso de ordenamiento de las organizaciones de la sociedad........

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