El Gobierno tiene un plan. Un plan de regeneración democrática para acabar con los bulos y proteger la libertad de prensa, nada menos. Acaba de aprobarlo. Incluye cincuenta medidas. La mayoría son tan genéricas que es difícil estar a favor o en contra. Aun así, la oposición ya ha anunciado que se opondrá a todas. Por si las moscas.

Las medidas más concretas, dentro de la indefinición general, están creando cierto debate entre juristas y políticos. La mayoría parecen puros fuegos artificiales sin efecto alguno. Otras suenan bien, como las que buscan aumentar la transparencia sobre la financiación de los medios de comunicación, pero hasta que no se conozca el detalle de lo que se busca es difícil valorar su eficacia.

En nuestro sistema existe ya el derecho de rectificación y se tramita de la forma más rápida y urgente posible

Algunas medidas son directamente imposibles o contraproducentes. Dice el Gobierno que quiere reformar la ley “para lograr la rectificación de noticias falsas con indemnizaciones y plazos adecuados”. Así dicho, es una barbaridad. En nuestro sistema existe ya el derecho de rectificación y se tramita de la forma más rápida y urgente posible. Sin embargo, no se aplica a noticias falsas ni incluye indemnizaciones. El derecho de rectificación es la obligación de los medios de publicar la versión del afectado por sus noticias, sin necesidad de declarar que estas son verdad o mentira. Y es así porque un procedimiento para decidir si algo es falso no puede ser rápido. Implica que........

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