“Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico”. Ha dicho solemnemente la recién elegida presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, entre el aplauso enfervorecido de quienes quisieron ver una moción de censura judicial al presidente Sánchez y al colonialismo sanchista y el silencio pávido de quienes prefieren evitarse problemas y ser señalados ante la plebe como colaboradores del sanchismo.

Cualquiera que haya escuchado a la presidenta del CGPJ ha debido quedarse con la impresión de que los jueces y magistrados españoles, aparte de ser un poco machistas, componen un colectivo de excelentes servidores de la ley cuyo inmaculado trabajo solo tiene dos inconvenientes: que los demás poderes del Estado no hacen más que interferir y que les insultan cuando no gustan sus siempre atinadas decisiones. Sería bueno que, en esta línea de decirle la verdad al poder, la presidenta nos explicará por qué ellos solitos, sin interferencias de los malvados políticos, han tardado más de un mes en elegirla y han debido saltarse sus propias reglas para........

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