Ya pasaron buenos días desde que se denunció que las empresas públicas creadas en los últimos 20 años fueron usadas para apropiarse de recursos del erario nacional.

El ministerio de la Presidencia ha hecho sin duda un trabajo minucioso para valorar, al menos grosso modo, el sistemático despilfarro. El informe abre un debate necesario, pero también delicado. Necesario, porque Bolivia tiene derecho —y obligación— de saber qué se hizo con los recursos públicos, cómo se tomaron las decisiones de inversión y cuáles fueron los resultados reales. Delicado, porque la simplificación interesada puede conducir a errores de diagnóstico y, peor aún, a decisiones irreversibles tomadas al calor del escándalo.

Es innegable que muchas empresas públicas fueron mal planificadas, sobredimensionadas, ubicadas sin criterios técnicos o pensadas más como símbolos políticos que........

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