No conviene tomarse a broma las advertencias de los gestores de las grandes empresas acerca de la posibilidad de paralizar proyectos de inversión o deslocalizarlos si se convierten en estructurales los impuestos originariamente coyunturales para 2022 y 2023 para energéticas y bancos, como finalmente serán. Jugar a los dados con la seguridad jurídica no es la mejor apuesta para la prosperidad de los negocios, que aprovecharán la planitud de la tierra para buscar climas más cálidos para sus intereses, si a la escalada exógena de costes financieros y de las materias primas se une la del laboral y lo que consideran una persecución fiscal.

Todos los presidentes y consejeros delegados de bancos y de energéticas han alertado de los riesgos de impuestos extraordinarios a los extraordinarios beneficios ordinarios que obtuvieron de nuevo en 2023 (la banca ganó un 50% más en España por el avance de los tipos de interés, las eléctricas registraron resultados mixtos, y las petroleras aflojaron en sus cuentas por la caída del crudo y del gas), pero que tendrán que soportar también este año que arranca. Y, al parecer, tendrá carácter perpetuo, aunque en parte de forma suavizada, tras el pacto de Gobierno entre Sánchez y Yolanda Díaz, que, una vez más, no estaba en el programa electoral del presidente, pero ya está negro sobre blanco en un Real Decreto.

La patronal de las petroleras llegó a cifrar en 16.500 millones de euros las inversiones en riesgo de paralización o deslocalización, muchas de ellas claves para la descarbonización. Banqueros como Ana Botín o Gonzalo Gortázar, o........

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