Yolanda Díaz cabalga de nuevo. Esta semana pone en marcha una supuesta negociación para un supuesto pacto que consagre una supuesta reducción de la jornada laboral. Tras 45 años con la jornada de trabajo en máximos de 40 horas semanales, pedirá a sindicatos y patronal, en otro episodio de su particular concertación iliberal, que bendigan una jornada máxima de 37,5 horas en 2025 (y de 38,5 este año) que piensa reglamentar en una norma inminente.

Es un ejercicio político propagandístico y artificioso cuando la jornada real está bastante por debajo consagrada en los convenios, aunque presionará para replicar reducciones semejantes sin pérdida de contraprestación salarial, que no supondrá otra cosa que una subida adicional del coste laboral. Pero tal ejercicio político esquiva el envés de este asunto en un país con las más elevadas prácticas absentistas del continente, contabilizando las voluntarias y las involuntarias. ¿Para cuándo un control serio del absentismo voluntario?

Si hace cuatro años, durante la pandemia, Díaz inventó los expedientes de regulación de empleo que existían desde los ochenta, ahora le toca el turno a los límites máximos de la jornada, que legisló Joaquín Almunia en 1983, porque estaba pactado con la UGT en el programa electoral de 1982. A la hora de la verdad, aquel Gobierno se resistió a fijar las 40 horas como máximo, pero terminó cediendo en el que fue el primer encontronazo de los muchos que tuvieron Felipe González y Nicolás Redondo, y que culminó con la ruptura entre partido y sindicato socialistas media docena de años después.

Si en 1983 el programa electoral socialista comprometía a PSOE y UGT,........

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