España tienen un sistema de gestión de riesgos y catástrofes naturales homologable con la normativa europea. A lo largo de los años se ha ido acumulando un duro conocimiento, hasta el punto de articular un completo marco nacional, al que se han incorporado las comunidades autónomas, de Protección Civil y gestión de riesgos catastróficos y emergencias que incluye las tres etapas: prevención, alerta y respuesta. Hay una Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (2015), que actualiza otra de 1985, y un decreto que la desarrolla (2023), donde se recoge toda la experiencia acumulada en décadas de gestión de diversos desastres naturales, se establece la elaboración de Mapas de Riesgos y se protocoliza las distintas fases de respuesta señalando con claridad quien es la autoridad competente y que medidas puede adoptar en cada momento según sea la gravedad de la catástrofe. La creación de la UME en 2005, por el Gobierno del que formé parte, ha sido pieza esencial de este aprendizaje.

Si la gestión de desastres y catástrofes naturales es uno de los asuntos mejor protocolizado y engrasado, acorde a nuestro Estado Autonómico, como se ha demostrado en otros desastres anteriores, la pregunta es obvia: ¿qué ha fallado en la dirección de la catástrofe habida en la provincia de Valencia, mi tierra? El enfado ciudadano ante la sospecha de que se podían haber evitado tantas muertes y la evidencia de que la ayuda llegó tarde y con cuentagotas, cuando teníamos la evidencia de que llevaba horas preparada, son dos poderosas........

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