Durante años, Suecia fue presentada como un ejemplo de transición energética ambiciosa. Y lo fue. Pero hoy también es un ejemplo claro –y honesto– de lo que ocurre cuando decisiones energéticas clave se toman de forma precipitada, sin tener plenamente en cuenta la realidad industrial, técnica y económica del sistema eléctrico. Hablo desde la experiencia directa: Suecia aprendió por las malas el coste de asfixiar fiscalmente a su parque nuclear, para verse más tarde obligada a rectificar. España se encuentra ahora

Para seguir leyendo este artículo de Cinco Días necesitas una suscripción Premium de EL PAÍS

3/mientras-tanto-renace-la-nuclear-en-europa.html" data-link-track-dtm="">ante una encrucijada muy similar y aún está a tiempo de evitar repetir ese error.

A comienzos de la pasada década, el Gobierno sueco introdujo una política fiscal que gravaba específicamente la energía nuclear. No se trataba de imponer mayores estándares de seguridad –algo razonable y ampliamente respaldado por el sector–, sino de establecer un impuesto sobre la capacidad instalada que, año tras año, fue incrementándose hasta hacer económicamente inviables las centrales. En la práctica, esa fiscalidad llegó a representar una parte sustancial de los costes de operación, superando incluso gastos esenciales como los de personal o mantenimiento.

El mensaje era claro: la intención era acelerar la salida de la energía nuclear, no mediante un debate abierto y transparente sobre el mix energético, sino a través de una mayor presión fiscal. Las consecuencias fueron inmediatas. Varias plantas anunciaron cierres........

© Cinco Días