Desde que el pasado 8 de abril el Gobierno, por boca de su presidente, Pedro Sánchez, anunciara, por primera vez, la intención de derogar el régimen de residencia para inversores, conocido popularmente como golden visas, muchas habían sido las especulaciones de cuándo hallaría su ocaso. Pues bien, parece ser que el final está cerca a tenor de la aprobación, el pasado día 4, del informe de la ponencia que recoge la enmienda, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se deroga su regulación, contenida en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Este régimen permite, a los ciudadanos de fuera de la UE, obtener un permiso de residencia en España a cambio de hacer una inversión significativa en el país. Esta inversión puede ser en bienes inmuebles (con un mínimo de 500.000 euros), acciones o depósitos bancarios (mínimo de 1 millón de euros), o en deuda pública española (mínimo de 2 millones).

Se introduce a través de la Ley 14/2013, en un contexto de crisis económica, con el objetivo de atraer capital extranjero y dinamizar el sector inmobiliario, que entonces atravesaba dificultades. La medida se inspiró en programas similares que ya existían en otros países, como Portugal y Malta, que también buscaban incentivar la entrada de inversión internacional para reactivar sus economías.

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