La actividad económica española afronta serias amenazas con el reciente acuerdo de los partidos políticos nacionalistas y el actual partido del Gobierno. Un acuerdo que ha eludido el Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet (“lo que a todos toca, todos deben aprobarlo”), un fundamento del derecho romano contenido en el Código de Justiniano sobre el que se construyó el principio de legalidad en Europa.

Una de esas amenazas, no la única, pero probablemente la más reveladora, es el compromiso con ERC de “asumir en torno al 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo, contraída por la Generalitat de Catalunya con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez estatales, que supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, y un ahorro de en torno a 1.300 millones de euros en intereses”. Esto se firma cuando el artículo 138 de la Constitución establece “la garantía efectiva del principio de solidaridad mediante el deber de velar por el equilibrio económico adecuado y justo entre todas las partes del territorio, e interdicción de privilegios económicos y sociales debido a las diferencias entre estatutos”.

Es obvio que al asumir parte de la deuda de una comunidad autónoma no quedaba otra alternativa que anunciar la extensión de esa medida a todas las demás, si bien sin precisar el impacto de esa condonación por regiones y bajo amenazas veladas para las comunidades que “bajan los impuestos a los más ricos”.La condonación general de una parte de la deuda de las comunidades de régimen común contribuirá a agravar los problemas de indisciplina fiscal española. Solo en cuatro de los últimos 50 años se ha evitado en España el déficit presupuestario.

Pero si estos acuerdos prosperan y se perdona a cada comunidad la misma cantidad por habitante ajustado que a Cataluña, el coste total, según Fedea, ascendería a casi 88.000........

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