El problema más urgente de la economía española, y quizás el principal, es el estrangulamiento del mercado de vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, que además tiene enormes efectos secundarios en la natalidad, el empleo, la movilidad geográfica o la sostenibilidad de las pensiones, que, a su vez, determinan la vulnerabilidad económica, social y emocional. El Gobierno es consciente del problema y por eso se lo ha marcado como objetivo prioritario para esta legislatura.

La positiva dinámica de crecimiento de actividad y población que tiene la economía española llevaría a que en cuatro años el mercado tenga un déficit de 700.000 viviendas, tanto para compra como para alquiler. Esta cifra podría duplicarse, si no toman medidas, o reducirse una quinta parte, si se toman decisiones que impacten rápido en la construcción y el alquiler.

Los datos son tan elocuentes que estarse quietos no parece una opción, ya que empieza a haber riesgo de estallido social. De hecho, están creciendo los desahucios de familias con problemas para pagar el alquiler incluso teniendo trabajo y cada vez proliferan más soluciones habitacionales marginales, como vivir en autocaravanas o en pisos patera, donde se acumulan personas, sobre todo inmigrantes, que tienen trabajos mal remunerados, pese al aumento del SMI en los últimos años o están directamente en la economía sumergida.

El Gobierno ha lanzado esta semana una medida con más carga política que impacto real, como es la eliminación de la concesión de la golden visa. Desde 2013, cualquier extranjero que adquiere una vivienda en España con una inversión de más de medio millón de euros tiene........

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