El protocolo publicado ayer por el Ejecutivo canario en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha sido objeto de duras críticas por su ineficacia a la hora de abordar la protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes no acompañados. En lugar de proporcionar soluciones concretas para la crisis de acogida en Canarias, el protocolo introduce una serie de medidas que parecen más orientadas a ralentizar los procesos que a mejorar la situación sobre el terreno. La burocracia impuesta por el documento exige un nivel de verificación y documentación que, lejos de agilizar la entrada de las personas menores de edad al sistema de protección, retrasa su acogida efectiva, lo que es especialmente preocupante en un contexto de emergencia humanitaria.

El gobierno de Fernando Clavijo parece haber optado por una vía de formalismo excesivo que ignora las realidades urgentes de las islas. En un momento en que la saturación de los centros de acogida es palpable y la presión migratoria no muestra signos de disminuir, el protocolo aprobado por el Ejecutivo añade más trabas al proceso de protección en lugar de simplificarlo. En lugar de centrarse en garantizar una acogida rápida y adecuada para las personas menores de edad, la normativa establece una serie de exigencias administrativas que resultan inoperantes en situaciones críticas.

Uno de los puntos más criticados del protocolo es su enfoque en la verificación exhaustiva de la documentación de las personas menores de edad, lo cual, en teoría, podría parecer positivo. Sin embargo, en la práctica, este enfoque provocará importantes retrasos en la asignación de plazas en los centros de acogida, lo que dejará a muchos niños, niñas y adolescentes en una situación de vulnerabilidad. Mientras se espera la validación de documentos y la revisión de cada caso, los menores quedan en un estado de limbo, sin acceso a la protección y los recursos que necesitan con urgencia.

La política de........

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