La gratuidad del transporte público de viajeros en Canarias ha sido, sin duda, una de las medidas más populares y celebradas de los últimos años. No es para menos. En un territorio fragmentado, con desigualdades territoriales evidentes y donde el coste de la vida pesa especialmente en los bolsillos, facilitar el acceso a la movilidad supone abrir puertas: al empleo, a la educación, a la sanidad, al ocio y, en definitiva, a una vida más digna.

Desde que se implementó la gratuidad en las guaguas, el número de viajeros ha aumentado de forma espectacular. Personas que antes no podían permitirse usar la guagua con frecuencia ahora lo hacen a diario. Jóvenes que dependían de terceros han ganado autonomía. Trabajadores que antes tenían que elegir entre gasolina o comida han encontrado un respiro. La medida ha democratizado el transporte y ha contribuido a reducir, al menos en parte, la brecha social. Ese es el lado luminoso de la moneda: más movilidad, más igualdad y más oportunidades.

Sin embargo, como suele ocurrir cuando una buena idea se aplica sin la planificación suficiente, la realidad termina mostrando también su cara menos amable.

El aumento masivo de usuarios no ha venido acompañado de un refuerzo proporcional del servicio. Y eso se nota, y mucho, en el día a día de miles de personas. Las guaguas pasan llenas, a veces incluso sin detenerse porque ya no cabe nadie más. Las paradas se convierten en puntos de acumulación donde la paciencia se pone a prueba. Usuarios habituales, que antes podían confiar en cierta regularidad, ahora ven cómo su experiencia ha empeorado drásticamente.

El problema no es la gratuidad en sí, sino la falta de previsión. Era evidente que eliminar el coste iba a disparar la demanda. Era previsible que más personas optarían por el transporte público. Y, sin embargo, no se........

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