El Ejecutivo evalúa postergar por un año la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.719, trasladándola desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 1 de diciembre de 2027.

Una eventual ampliación del plazo puede ser razonable si permite que la institucionalidad esté funcionando. Pero hay algo que no debería cambiar: la protección de datos personales ya es un asunto de gobierno corporativo y gestión de riesgos, no simplemente una tarea para abogados o áreas de tecnología.

La ley fue publicada en diciembre de 2024 y estableció un período amplio para que las organizaciones pudieran prepararse. Si se aprueba una postergación, habrá más tiempo, pero no una razón para detener la adaptación.

La nueva regulación exige que las organizaciones puedan demostrar responsabilidad sobre el tratamiento de los datos: saber qué información manejan,........

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