No apelaré a los exánimes papeles del Derecho Internacional. Nicolás Maduro es un prisionero de guerra, tal cual él mismo se declaró en la primera -y única- comparecencia ante un tribunal yanqui. Él es el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, secuestrado junto a su señora esposa, la diputada Cilia Flores, durante una agresión armada, premeditada y alevosa, por parte del gobierno de Estados Unidos, resultando asesinadas una gran cantidad de personas, aún no precisada por la vocería oficial. Urgimos la publicación exacta de los nombres de las víctimas, héroes y mártires, de ese ataque criminal, a quienes debe erigirse un monumento en su honor para que ésta y las nuevas generaciones nunca las olviden, y sean recordadas con el dolor y la veneración merecida. Este crimen imperdonable debe ser procesado como acto terrorista y sus perpetradores materiales y autores intelectuales, ser juzgados legítimamente por nuestro Poder Judicial.

He allí una paradoja que por sí sola desmonta -por inmoral- el juicio que se le pretende seguir al Presidente Nicolás Maduro en una jurisdicción incompetente e invasiva, extraña e ilegítima, amañada y corruptora del derecho consuetudinario, de la doctrina y jurisprudencia del derecho desarrollado en el marco de las Resoluciones, Declaraciones, Convenciones y Estatutos de la Organización de Naciones Unidas; instancia necesaria, pero herida de muerte por la inutilidad en que la ha hundido la prepotencia de los fanáticos hegemonistas y extremistas que gobiernan Estados Unidos.

El primer argumento en........

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