La característica más destacada de los catorce años de gobierno de Hugo Chávez en Venezuela fue su radicalización continua.

Primero, con la convocatoria de una Asamblea Constituyente y con la ratificación, en 1999, de una nueva Constitución que privilegiaba la participación popular. Luego, en octubre de 2001, la reforma agraria y la Ley Orgánica de Hidrocarburos deshicieron la privatización neoliberal de la industria. Entre 2002 y 2003, después de una fracasada huelga de dos meses promovida por las empresas (más que huelga, un lockout patronal), Chávez enarboló la bandera del antimperialismo. En 2005 hizo suya la del socialismo. Un año más tarde, tras su reelección como presidente, se nacionalizaron la siderurgia, la electricidad y el Banco de Venezuela, el más antiguo del país, al tiempo que se creó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En 2009 lanzó una importante ofensiva contra la corrupción, incluso dentro de las filas del movimiento chavista, y luego impulsó las comunas en todo el país. Apenas hubo un respiro entre cada avance.

Cada una de aquellas audaces iniciativas de Chávez vino acompañada de una cadena de triunfos electorales: Asamblea Nacional, elecciones locales, elección revocatoria, referéndum y elecciones presidenciales, incluida la de 2006, en la que obtuvo el 63% de los votos, la cifra más alta en la historia moderna de Venezuela. Todo esto podría parecer una muestra paradigmática de lo que Trotsky —en circunstancias históricas completamente diferentes— denominó «revolución permanente», una revolución sin pausas o sin esas «etapas» en las que se logra un acomodo temporal entre las fuerzas de clase en pugna y se establece una relativa estabilidad.

Chávez, que como militar subalterno lideró en 1992 un golpe de Estado frustrado contra el presidente neoliberal Carlos Andrés Pérez, abandonó la política abstencionista de su movimiento para presentarse a las elecciones presidenciales de 1998 y gobernó hasta su muerte, ocurrida en 2013 a causa del cáncer. Durante ese tiempo, una oposición insurgente apoyada y espoleada por Estados Unidos, intentó derrocarlo en reiteradas ocasiones por diferentes vías y cuestionó en varias oportunidades la legitimidad de la democracia nacional.

A Chávez lo que le preocupaba era mantener el impulso del "proceso". En primer lugar, para mantener el fervor entre las bases de su movimiento, factor esencial para hacer frente a los adversarios que una y otra vez pretendieron provocar un cambio de régimen. En segundo lugar, para controlar a los burócratas de su propio gobierno y movimiento, es decir, a aquellas personas que no estaban en contacto con las necesidades y aspiraciones de los sectores populares (algunos, incluso, más

cercanos a las élites económicas).

Así, por ejemplo, en mayo de 2001, Chávez pidió públicamente la creación de un nuevo movimiento político paralelo a su propio partido. Se le dio el nombre de Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200), el mismo nombre del grupo que había encabezado el golpe de Estado frustrado de 1992. El nuevo MBR-200 fue diseñado para servir de control al partido chavista, en el que una facción moderada estaba acumulando cada vez más fuerzas. Como afirmó Ernesto Villegas, los miembros del MBR-200 debían denunciar "dondequiera que haya corrupción, ineficiencia administrativa o conspiración". Sin embargo, el proyecto de un partido paralelo perdió pronto su urgencia. En octubre de 2001, Chávez introdujo una serie de reformas radicales que significaron un verdadero sacudón para su partido y provocaron la deserción de los moderados, liderados por su mentor, Luis Miquilena.

Pero la presidencia de Chávez difícilmente haya representado una revolución permanentemente ascendente, sin zigzags ni concesiones a quienes se ubicaban a su derecha. No era tan sencillo. Además de un agitador empedernido, Chávez era un pragmático, convencido de que para enfrentar al enemigo no se podía prescindir de una política de alianzas. No se cansaba de decir que, aunque la oposición venezolana era débil, estaba respaldada por la nación imperialista más poderosa de la historia.

Pero las alianzas forjadas por Chávez a la hora de emprender cada batalla tuvieron un precio. Y ese precio a menudo consistía en el abandono o ablandamiento de las banderas abrazadas por la masa de chavistas que lo seguía. Un ejemplo fueron los apoyos electorales que él y otros chavistas recibieron de numerosos clérigos evangélicos. Tras la victoria en las elecciones presidenciales de 2006, un grupo de organizaciones evangélicas emitió un documento titulado "Proclamad Libertad a los oprimidos", en el que uno de sus portavoces afirmaba que para una mayoría evangélica, como para el pueblo creyente en general, Chávez y su gobierno representa "una visita de Dios" para la nación. El objetivo era claro: contrarrestar la actitud hostil que la jerarquía católica había mostrado hacia Chávez desde el comienzo de su Gobierno.

Al aceptar el apoyo de los evangélicos, Chávez dejó pasar la oportunidad de profundizar en algunos avances logrados. Cuando Chávez murió en 2013, una destacada mujer activista declaró: "Creo que fue muy valiente por su parte llamarse a sí mismo feminista y, sobre todo, toda la política social que se centró en la liberación de la mujer", Pero a continuación señaló que, a pesar del compromiso abierto de Chávez con el feminismo y de la presión ejercida desde las filas del movimiento chavista, el aborto siguió siendo considerado un delito. El fracaso a la hora de derogar una legislación tan retrógrada se debió no solo a la adhesión de muchos venezolanos al catolicismo, sino también a esa alianza informal del movimiento chavista con los evangélicos.

Otra inesperada alianza para los autoproclamados revolucionarios fue la establecida con aquellos empresarios que se negaban a secundar los planes desestabilizadores de la principal organización empresarial, FEDECAMARAS. Pero la alianza informal con miembros del sector privado tuvo también aspectos inconvenientes que terminaron atentando contra algunos de los principales objetivos del movimiento chavista. La corrupción fue uno de ellos.

En febrero de 2023, tras la huelga general de dos meses convocada por FEDECAMARAS, Chávez declaró que el Estado no destinaría «ni un dólar más para los golpistas» y anunció, en efecto, que todos los «dólares preferenciales», que se vendían a precios subsidiados para pagar las importaciones, irían a parar únicamente a los empresarios que se habían negado a secundar la huelga. La decisión era lógica desde el punto de vista político. Después de todo, ¿por qué ayudar a quienes habían intentado derrocar al Gobierno no una, sino dos veces durante aquel 2002? Pero la política de favoritismo hacia los aliados empresariales condujo a la corrupción masiva: como denunció el exministro de Finanzas de Chávez, Jorge Giordani, esta alcanzó el valor de unos 15 000 millones de dólares.

Otro de aquellos acuerdos era aún........

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