El pasado 14 de noviembre, murió bajo custodia del gobierno, Jesús Martínez Medina, lo que lo convierte en el onceavo preso político que fallece en tales circunstancias.

El "delito" de Jesús Martínez, fue haber sido testigo de mesa en las pasadas elecciones del 28 de julio. Como otros 2.000 venezolanos, Martínez fue detenido arbitrariamente por los Cuerpos de Seguridad del Estado, los días siguientes al fraude (en su caso, fue al día siguiente, el 29 de julio), acusados de "terroristas", un argumento genérico que ha sido utilizado por los tribunales y la fiscalía para ejecutar la orden de represión dada de forma directa por nicolás maduro el mismo 29 de julio desde Miraflores.

La muerte de Jesús Martínez Medina constituye, no sólo un acto violatorio de la Constitución y las leyes venezolanas, que establecen claramente la responsabilidad del gobierno en preservar la vida de los detenidos, sino del Derecho Internacional de los DDHH, en particular, lo relativo al derecho a la vida.

El fallecimiento de este venezolano, no es un hecho aislado y, por el contrario, constituye un acto más de crueldad del gobierno, enmarcado en un patrón de conducta represivo, absolutamente ilegal y violatorio de cualquier consideración humanista. Primero, porque este ciudadano anzoatiguense no ha debido ser detenido de ninguna forma, pues ser testigo electoral no constituye ningún delito en Venezuela, por el contrario, es un deber; segundo, porque era una persona gravemente enferma de diabetes, hecho que era del conocimiento de las autoridades.

La valiente periodista Mary Pili Hernández, en un hecho excepcional en el país, publicó un tuit pidiendo su liberación por razones humanitarias, a la vez que mostraba fotos impresionantes del detenido, donde se veían las lesiones en sus piernas provocadas por tal enfermedad, lo que se conoce como "pié diabético".

A pesar de que los familiares solicitaron al juez, de manera reiterada e insistente, la concesión de una medida cautelar de liberación por razones de salud, la misma fue negada una y otra vez, contraviniendo al Código Orgánico Procesal Penal, que le ORDENA su otorgamiento en tales situaciones. Violaron la ley y lo dejaron morir, lo que lo convierte en otro crimen político del gobierno.

Lo sucedido con Jesús Martínez, se ha convertido en una práctica común en el sistema de justicia venezolano que actua como instrumento de la política de violación de los DDHH del gobierno de nicolás maduro, tal como lo han constatado y denunciado los Organismos internacionales de los DDHH de la ONU.

Los órganos represivos del madurismo, incluyendo cuerpos policiales, fiscales y jueces, tienen como elemento común en su accionar la crueldad, el ensañamiento, los castigos colectivos, el secuestro, la tortura y tratos inhumanos y degradantes de los detenidos políticos; y ahora, como si fuera poco, la detención arbitraria de menores de edad, una práctica aplicada por Israel en contra de los niños Palestinos en los Territorios Ocupados; o por las dictaduras fascistas del Cono Sur,........

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