La presidencia de Daniel Noboa, iniciada en noviembre de 2023, ha tejido un proyecto político donde las reformas económicas neoliberales avanzan de la mano con una creciente militarización y represión por parte del Estado. Mientras se aplica un ajuste fiscal que responde a las directrices del FMI y del BID [Banco Interamericano de Desarrollo], el país vive bajo estados de excepción casi continuos que han ido naturalizando la represión como parte del paisaje cotidiano. Esta combinación de austeridad y control remite de inmediato a las advertencias de Hannah Arendt sobre los riesgos del totalitarismo y la banalidad del mal: ese momento en que funcionarios comunes, amparados en la lógica de la eficiencia y la obediencia, ejecutan políticas dañinas sin detenerse a evaluar su dimensión ética.

Los recortes en salud o educación se justifican con indicadores macroeconómicos, mientras que la expansión de la violencia institucional se presenta como un sacrificio inevitable en nombre de la seguridad. Bajo ese marco, este texto propone que en Ecuador se articulan dos fuerzas que se retroalimentan: un necro-neoliberalismo que admite la pérdida de vidas como costo de las reformas, y un proceso de securitización que, al suspender de manera continua derechos constitucionales, empuja al país hacia formas de autoritarismo.

Lo ocurrido el 8 de diciembre de 2024 en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil, ilustra esta deriva: cuatro niños fueron detenidos por militares y aparecieron sin vida días después con signos de tortura cerca de una base en Taura. Un año después, sus familias siguen enfrentando demoras y obstáculos institucionales. El caso no es aislado: revela un sistema donde la vida queda subordinada al control militar.

Amnistía Internacional ha advertido que esta tragedia expone fallas profundas en un modelo de seguridad basado casi exclusivamente en la militarización, que ha derivado en violaciones graves de derechos humanos y desapariciones en la costa ecuatoriana, sostenidas por un clima de impunidad. Aunque existen militares procesados, la falta de cooperación castrense ralentiza las investigaciones.

Desde una mirada arendtiana, estos hechos muestran cómo ciertas vidas (pobres, jóvenes racializados, afroamericanos, habitantes de periferias) quedan expuestas a un poder que decide quién merece protección y quién puede ser descartado. Allí convergen Arendt, Mbembe y las lecturas del necroneoliberalismo: el Estado administra la muerte de forma eficiente, deshumaniza los cuerpos y convierte la supervivencia en privilegio. La frialdad burocrática con que se ejerce esta violencia encarna la banalidad del mal: acciones ejecutadas sin pensamiento ni responsabilidad ética.

El caso de Santa Elena (ocurrido el 9 de diciembre de 2025), donde un joven murió tras presuntos golpes de militares, confirma el patrón de fuerza excesiva, opacidad institucional y falta de rendición de cuentas. Los casos de Las Malvinas y Santa Elena no son excepciones; delinean un Estado que, en nombre del orden, decide qué vidas importan y cuáles pueden sacrificarse. Allí donde se presume descartabilidad social, la nuda vida; la militarización se despliega con facilidad y los mecanismos de rendición de cuentas se erosionan.

Necro-neoliberalismo en acción: austeridad y abandono estatal

Las políticas económicas........

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