La reciente consulta pública sobre la reforma del sistema de justicia penal venezolano ha sido presentada como una oportunidad histórica para corregir las deficiencias acumuladas durante años dentro del aparato judicial. Sin embargo, antes de hablar de reformas, modernización o transformación institucional, es necesario formular una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿puede existir una reforma judicial sincera mientras persistan profundas dudas sobre la independencia de la justicia y el respeto pleno a los derechos fundamentales?

Venezuela no necesita únicamente nuevas leyes. Venezuela necesita recuperar la confianza en la justicia. Y esa confianza no se construye con discursos, anuncios o consultas públicas; se construye con hechos concretos, con instituciones imparciales y con el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales.

Uno de los problemas más graves que enfrenta el sistema judicial es el retardo procesal. Miles de ciudadanos han visto cómo sus causas se prolongan durante años sin una respuesta definitiva. Audiencias suspendidas, diferimientos constantes, expedientes paralizados y decisiones que tardan mucho más de lo razonable han convertido el acceso a la justicia en una carrera de obstáculos. Cuando una sentencia tarda años en llegar, la justicia pierde gran parte de su valor. La justicia tardía termina siendo, en la práctica, una forma de injusticia.

Pero el problema es aún más profundo. Ninguna reforma........

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