Alaya se equivocó (una palabra escogida con indulgencia). La Audiencia Provincial de Sevilla erró. Y el Tribunal Supremo continuó con este desatino. Fue el ‘salto al vacío’ de los jueces del caso de los ERE. Porque en democracia una ley no puede ser ilegal. Tampoco su tramitación. Una obviedad. El Tribunal Constitucional es el único órgano competente de nuestro país en garantizar que la legislación que emana de los parlamentos se ajusta a la norma suprema del ordenamiento jurídico español: nuestra Constitución.

El pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que se creó con la........

© 20 minutos