Junio de 1996. Hace un mes que José María Aznar ha jurado como presidente del Gobierno. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está pendiente desde el 8 de noviembre de 1995, fecha en la que ha expirado su mandato. Son ya más de siete meses de bloqueo, de anomalía constitucional. Pascual Sala, magistrado progresista, preside el CGPJ y el Supremo. Semanas antes le ha comunicado al Gobierno en funciones, esto es a Felipe González, que tras la victoria del PP es inevitable un cambio de mayoría en el Cegepejota; que de la mayoría progresista se pase a una conservadora. No le gusta, pero sabe que es ley de vida y responde a la lógica de las cosas. Lo que no ve es la forma de forzar un acuerdo entre los dos grandes partidos y poner fin a una interinidad bochornosa por excesiva. Siete meses.

Aquel presidente del CGPJ tenía muy claro el orden de los valores. Era plenamente consciente de que por encima de los intereses políticos están las instituciones; y su crédito. Por eso, cuando seis de sus vocales le presentan la dimisión -cada cual por sus particulares razones-, Pascual Sala no lo duda. En el pleno del 26 de marzo acepta en bloque su renuncia y el Consejo queda así inhabilitado para tomar decisiones al no alcanzar el número de sus miembros el cuórum exigido por la ley. Sala podía haber rechazado la dimisión de esos vocales, pero tras constatar la parálisis y el creciente descrédito a los que la negligente postura de los dos grandes partidos empujaba al Consejo, decidió de facto disolverlo.

El órdago abundaba en riesgos, pero salió bien. Aznar y González no tuvieron más remedio que tomar buena nota. Quizá porque uno y otro, tan distintos, tenían parecida concepción de lo que debía ser un Estado de........

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