Hace unos meses el Gobierno no tenía ninguna prisa en adaptar nuestro ordenamiento al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, publicado en el BOE el pasado mes de abril. Quizá porque no hacía falta adaptación alguna, salvo asumir que de lo que se trataba, según recalcó el Consejo Europeo en su web, era de introducir en las legislaciones de los Estados miembros “medidas destinadas a proteger a los periodistas y prestadores de servicios de comunicación de las injerencias políticas”, y no de lo contrario. “El Consejo -se podía leer en la nota hecha pública por esta institución- ha adoptado un nuevo acto jurídico que salvaguardará la libertad, el pluralismo de los medios de comunicación y la independencia editorial en la UE”.

No, no parecía que hubiera demasiada prisa. Hasta que pasó lo que pasó. ¿Y qué pasó? Pues que lo de Begoña se empezó a complicar. Lo que pasó es que a algún talentoso asesor se le ocurrió la brillante idea de convertir en oportunidad llovida del cielo el, hasta ese momento, más bien enojoso paquete de medidas aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo. Un paquete fundamentalmente destinado a blindar a los medios frente a posibles infiltraciones y ataques ajenos a la UE (Rusia), pero también pensado para frenar las tentaciones intervencionistas de algunos socios de la Unión (Ver aquí el Índice de libertad de prensa en la UE 2024).

De este modo, el reglamento lleva camino de convertirse en la mejor de las coartadas para meter la mano hasta el fondo del universo mediático español. No para protegerlo sino para tutelarlo. Propósito asequible, debieron pensar,........

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