Las estrategias de lucha contra la corrupción han detectado y sancionado en España comportamientos que debilitan la credibilidad en las instituciones y las lógicas democráticas: la politización de la justicia, las contrataciones irregulares de obras públicas, la selección amañada de funcionarios o el uso fraudulento de fondos estatales y autonómicos.

Sin embargo, es necesario un enfoque más amplio que impregne todas las políticas públicas y que a su vez se concrete en estrategias específicas de integridad, que involucre a empleados y cargos públicos de forma individual, pero también a las instituciones.

La integridad de las instituciones ha ido ganando peso en el discurso público y los debates institucionales como una garantía de calidad democrática e innovación administrativa. Más allá de la ausencia de corrupción o el castigo de conductas contra la administración pública, esta apela a la prevención del fraude y a la generación de una cultura que anticipe riesgos.

El ámbito autonómico español ha desarrollado un entorno jurídico de integridad, transparencia y buen gobierno a lo largo de la última década. Transparencia Internacional –una organización no gubernamental global dedicada a prevenir y combatir la corrupción política y corporativa–, por ejemplo, resalta el esfuerzo de la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Cataluña. Ello permite disponer de una perspectiva temporal suficiente para valorar su puesta en práctica y evaluar los eventuales logros o impactos no esperados de esta realidad emergente.

Más allá de un modelo homogéneo para los distintos contextos autonómicos, en el estudio realizado........

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