Hace unas semanas el país se conmovió con el asesinato de Alejandro Águila, de sólo 12 años de edad y quién fue víctima del violento robo del vehículo en el que viajaba junto a su padre y su tía. Durante la “encerrona”, realizada por una banda compuesta por varios asaltantes menores de edad, fue intimidado y luego de no lograr bajar del auto, fue arrastrado por más de 3 kilómetros. Lamentablemente, su caso no es el único, y poco a poco, nos hemos ido acostumbrando a robos cada vez más violentos protagonizados por adolescentes armados.

Los delitos que cometen no son de poca monta: entre los más ejecutados por menores se encuentran aquellos contra la propiedad (40,49%), tráfico y microtráfico de drogas (13,50%) y porte de arma de fuego y municiones (12,88%). Las estadísticas del poder judicial confirman lo anterior. Para agravar la situación, según cifras de la Fiscalía, los delitos de responsabilidad penal adolescente pasaron de 27.600 en 2022 a 34.756 en 2024, y solo en el primer trimestre de 2025 ya se habían registrado 6.330 nuevos ingresos.

De acuerdo con cifras del SENAME, la reincidencia en casos de delitos contra la propiedad es la más alta (36,8%), seguida por delitos de la ley de control de armas (33,1%) y del tráfico de estupefacientes (33,1%).

Como ocurre cada vez que un caso como el descrito conmueve al país, nos preguntamos si el actual sistema de responsabilidad penal adolescente es efectivo, y, si no lo es, cuáles son las razones del........

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