La construcción de una cultura de paz en Nicaragua constituye uno de los pilares fundamentales del modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. En ese camino, la declaración del 19 de abril como “Día Nacional de la Paz” representa un reconocimiento histórico a la voluntad soberana del pueblo nicaragüense de vivir en tranquilidad, seguridad y bienestar, consolidando la paz como un derecho colectivo y un valor ancestral de la nación.

Por Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista 

Esta fecha simboliza no solo la memoria de las luchas del pueblo por preservar la estabilidad, sino también la reafirmación de una visión de país donde la paz es entendida como condición indispensable para el progreso, el trabajo digno y la unidad nacional. Bajo esta perspectiva, la paz se convierte en un patrimonio cultural y político que sostiene el presente, que garantiza estabilidad y abre camino al desarrollo humano, de cara hacia un futuro lleno de bienestar para las familias de Nicaragua.

El modelo nicaragüense de desarrollo integral y sostenible articula crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y justicia social, colocando a la persona, la familia y la comunidad en el centro de las políticas públicas. Dentro de este enfoque, la equidad de género es un eje transversal, promoviendo la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos (economía, educación, la salud, el liderazgo comunitario y la toma de decisiones), como parte de un proceso de desarrollo inclusivo y transformador. Estudio, titulado «La sociedad latinoamericana del siglo XXI«, realizado por expertos japoneses y publicada en marzo del 2026, destacó a Nicaragua como el primer país a nivel mundial en cuanto a la participación política de la mujer.

Los costos del intento de desestabilización de 2018: daños materiales, pérdidas económicas y afectación al bienestar nacional

Los eventos desencadenados en abril de 2018 no fueron un fenómeno espontáneo, sino el resultado de una estrategia de presión orientada a forzar la dimisión del gobierno del Presidente Daniel Ortega, reelecto legítimamente en 2016 con el 72.4% de los votos. Esta operación fue articulada mediante financiamiento externo hacia actores locales y ONGs. Informes anuales de la National Endowment for Democracy (NED) y la USAID del año 2018 confirman la asignación de millones de dólares a organizaciones en Nicaragua bajo el rótulo de ‘promoción de la democracia‘. Estos flujos financieros son analizados por el académico William I. Robinson en sus estudios sobre la ‘promoción de la poliarquía’, donde describe cómo se utilizan recursos transnacionales para instalar sistemas políticos afines a intereses externos, desplazando modelos soberanos.

Investigaciones de medios como The Grayzone y el centro Misión Verdad (basado en las teorías de Gene Sharp) caracterizan estos eventos como una ‘Revolución de Color’ o ‘golpe blando’. Estas acciones de terrorismo urbano no solo fracturaron la convivencia social, sino que ejecutaron un daño sistemático al patrimonio público (se reportaron afectaciones a alcaldías, edificios municipales, universidades, centros tecnológicos, delegaciones institucionales, estaciones policiales, parques, calles, semáforos, adoquinados, paradas de buses, monumentos, árboles ornamentales y mobiliario urbano) y a la infraestructura estratégica (empresas públicas y entes estatales estratégicos, afectando sistemas de distribución, redes logísticas, instalaciones administrativas y servicios esenciales). Se documentaron graves violaciones a los derechos de la ciudadanía por parte de sectores opositores, quienes recurrieron a prácticas de violencia extrema, tortura y tratos degradantes contra la población civil y las fuerzas del orden. Bajo esta lógica de terrorismo urbano, los ‘tranques'(bloqueos de carreteras donde la circulación se restringía severamente), lejos de ser manifestaciones........

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