A lo largo de 2024 las violencias y la criminalidad han recrudecido en la frontera de México con Guatemala. No son eventos nuevos ni desconocidos como resulta evidente revisando cualquier medio noticioso. El desplazamiento forzado de pobladores chiapanecos y la conversión de un conjunto en refugiados en Guatemala, en estos días, es uno de los costos más crueles que las organizaciones criminales imponen a la región.

Tener ahora refugiados mexicanos en Guatemala es una trágica paradoja y símbolo de la disolución del Estado derecho y de la mínima institucionalidad en la región.

Este deterioro tiene años acumulándose. Tiene años también la desatención de la grave problemática por parte del gobierno federal y locales, pese a la presencia masiva de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en el estado de Chiapas. Todo indica que no ha sido su asunto, cuando formalmente estarían obligadas a intervenir en el control del crimen y en la protección de la población.

Los tonos alcanzados por la crisis de inseguridad son de horror, como lo han denunciado insistentemente organizaciones civiles de la entidad y como valientemente han comunicado colegas que hacen estudios sociales sobre la frontera sur.

¿Señales e iniciativas del Estado en la dirección debida? Éstas siguen como agenda pendiente, que día a día acumula una deuda potencialmente impagable. ¿De qué dimensión debe ser el deterioro social para motivar una iniciativa decidida y eficaz que recupere el Estado de derecho? ¿Nno son suficientes los homicidios y los repetidos desplazamientos forzados de comunidades chiapanecas, indígenas en su mayoría?

Ante los refugiados mexicanos que ahora están en Guatemala, la respuesta del gobierno federal no ha abordado directamente la cuestión central: el control de los grupos criminales, su erradicación y la recuperación de........

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