02/07/202402/07/2024 Carlos Lesmes, expresidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (d), y Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo. EFE

El Tribunal Supremo no va a dar su brazo a torcer ante el Poder Legislativo como garante autobendecido de su concepto de la unidad de España, por lo que la pena de los delitos que atribuyó a los independentistas catalanes en el juicio contra el procés la protegerán con sus togas de hierro y no se aplicará la ley de amnistía para la malversación, pues entienden que, aunque no hubo incremento del patrimonio de los líderes de ese procés, sí se destinaron fondos públicos del erario catalán para "apetencias personales" de los condenados, lo que se dice una privatización en toda regla del procés.

Los magistrados de la Sala Segunda (la que el PP controlaría "desde detrás" (sic) gracias a un Manuel Marchena que en 2018 sería y no fue presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y y era y sigue siendo ídem de esta Sala de lo Penal) fueron los que juzgaron a los independentistas catalanes tras la instrucción del juez Pablo Llarena, el mismo que se negó a que un tribunal territorial alemán (Schweslig-Holstein) le entregara a Puigdemont por malversación (¡sorpresa!) porque el magistrado se empeñaba en la rebelión, como su presidente entonces, del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, por cierto, públicamente y antes de que hubiera juicio contra el procés siquiera.

La resolución del Supremo tiene un voto en contra de la magistrada Ana Ferrer, que........

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