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En la noche del 4 de abril hubo una fuerte explosión en el sur de Cali, en una de las calles que colinda con el Batallón Pichincha. Presuntos miembros del frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central usaron un camión como plataforma para lanzar explosivos al interior del Batallón, pero la tragedia quedó contenida: los cinco cilindros bomba nunca explotaron.
El estruendo causó más sustos que daños, pero puede ser el principio de un nuevo capítulo en la historia del conflicto en Cali. Por su cercanía con la guerra y su ubicación estratégica, es entre las ciudades principales la más amenazada por las disidencias de alias “Iván Mordisco”, que se han fortalecido militarmente en los últimos años.
Las autoridades aumentan los controles para prevenir y enfrentar la violencia en un año que será histórico, por la realización de la COP16.
El viernes pasado, la gobernadora del valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, visitaron el lugar de la explosión. Mientras conversaban con los vecinos asomaban sus cabezas por los cráteres que quedaron en una de las fachadas.
“Antes, hace tiempo, tenían cinco centinelas afuera. También les ponían calcomanías a los carros para dejarlos entrar a la calle, pero ya no”, se quejó ante el alcalde el dueño de una de las casas afectadas. “Donde eso hubiera explotado no estaríamos aquí contando el cuento”, dijo su vecina.
El atentado fue uno más de la arremetida de las disidencias del EMC contra de la Fuerza Pública la semana pasada. En menos de 24 horas hubo ataques en Cajibío (Cauca), Jamundí (Valle) y Tumaco (Nariño). Autoridades y expertos dicen que fue una reacción al rompimiento del cese al fuego con el gobierno en el suroccidente y a la ofensiva militar que vino después.
“Cali no dimensiona lo que pudo haber sido. Habría marcado la alcaldía de Eder y acabado con cualquier iniciativa de reconciliación. Incluso pudo ser el fin de la paz total”, le dijo a La Silla un alto funcionario de la Alcaldía con conocimiento del tema, que pidió no ser citado por no ser vocero. “Las disidencias sí se habían tenido en cuenta, pero no se habían dimensionado. El golpe nos dejó fríos, nos aterrizó”, concluyó el funcionario.
“Lo que quieren mostrar con este atentado paralelo es que tienen la posibilidad de llegar a ciudades grandes” dijo Tatiana Niño, coordinadora de proyectos de la fundación Konrad Adenauer y miembro de Amassuru, una red de mujeres expertas en seguridad. “Este tipo de cosas había pasado en Buenaventura, pero que pase en la ciudad capital tiene otras implicaciones”, agregó.
Los disidentes ratificaron su amenaza al país el pasado fin de semana en un comunicado. Instan a la gente a no caminar cerca de las estaciones de Policía y mantenerse alejados de los vehículos e instalaciones del Ejército. Pero las advertencias venían de tiempo atrás. En 2023 colgaron sus emblemas en varios sectores y en el barrio El Caney, tres días antes de la explosión, colgaron una pancarta y dejaron un cilindro que tampoco explotó.
“La historia demuestra que después de un mensaje viene una situación de pánico para la ciudad” dijo Gerardo Mendoza, personero de Cali. “Ese mensaje debió contrarrestarse con otro, uno de presencia institucional para demostrar fuerza. La falta de reacción fue capitalizada por la guerrilla”, agregó.
“Desde que terminó el cese al fuego fortalecimos el monitoreo de riesgo. Lo difícil del terrorismo es que el factor sorpresa es alto”, dijo Jairo García, secretario de Seguridad de Cali. “Todos los días estamos haciendo actividades de prevención, control y búsqueda, ya estamos logrando resultados”, agregó, en referencia a la captura de alias “El Santero”, presunto miembro del Jaime Martínez.
Después de visitar la zona afectada, el alcalde y la gobernadora estuvieron en un Consejo de Seguridad en el Batallón y le dieron la bienvenida a 250 soldados que llegaron a reforzar la seguridad del Valle. “Nos sentimos ofendidos con los sinvergüenzas que vinieron a tratar de atacarnos cobardemente”, dijo Eder en su discurso, en un tono mas alto que el habitual.
En tres meses, Eder ha logrado victorias tempranas en materia de seguridad, como la disminución de delitos como el homicidio y el hurto. Además, la COP16 le dio un envión anímico a la ciudad. Peo una tragedia, como la que pudo ser, habría dejado herida su administración.
Antes y ahora, los analistas ponen a Cali en el centro del conflicto. Es la ciudad principal más cercana al océano Pacífico y el eje de la actividad política y económica en el suroccidente. Por eso en la ciudad se ha movido buena parte de la violencia política y la economía ilegal de la región.
“Cali es un cruce de caminos, por eso surgió. Está cercana al litoral y eso significa una conexión marina y fluvial. Esa salida al Pacífico la hace un lugar privilegiado para economías ilegales”, explicó Inge Valencia, directora de la Maestría en Gobierno de la Universidad Icesi y experta en drogas, seguridad y economías ilegales.
Para Valencia, hay que tener en cuenta la historia del narcotráfico en Cali, que sigue vigente hasta hoy luego de cuatro momentos: El Cartel del Cali, el Cartel del Norte del Valle, las bandas criminales posteriores a la desmovilización de las AUC y las dinámicas actuales. “Cali es un centro de negocios para el narcotráfico, un hub de actividades que articula a la micro y macrocriminalidad”, agregó.
A causa o como consecuencia de lo anterior, la capital del Valle es un punto equidistante entre varias zonas rojas. “Hay muchos lugares cercanos donde el conflicto afecta directamente a la población. Todo lo que ocurre en el Norte del Cauca y el sur del Valle tiene sus vínculos con Cali”, dijo Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE).
Desde 2014, la Defensoría de Pueblo viene alertando el nivel de riesgo de Cali y en enero de 2022 emitió una nueva alerta temprana por lo que considera un panorama de violencia “sui generis”. Advierte que grupos armados, principalmente el frente Jaime Martínez, hacen presencia intermitente en la ciudad.
“Es un lugar de descanso para combatientes y en algunos barrios hay gente que vive e influye en la vida del barrio. También utilizan la subcontratación. No logran el control como en la zona rural, pero hay injerencia”, advirtió Johnson.
Donde las disidencias sí están permanentemente es en municipios aledaños. Cali tiene de vecinos a los de la Jaime Martínez, un frente de mecha corta. En septiembre del 2023, cuando estaba suspendido el cese al fuego, pusieron carrobombas en Jamundí y Buenos Aires (Cauca). Hacen parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas, conformado por otros cinco frentes y tres columnas, entre ellos el Dagoberto Ramos, que afecta el norte del Cauca y el sur del Valle, y la Adán Izquierdo, con presencia en Tuluá.
Alias “Marlon”, hasta hace poco comandante del Jaime Martínez, ahora liderará un nuevo bloque del EMC, El Central, con operaciones en Huila, Tolima, Quindío y Valle del Cauca. Buscan crear un corredor entre el suroccidente y el suroriente del país.
A pesar del merodeo constante en los alrededores de Cali, no se puede hablar de un cerco o de una posible toma. En los 90, las grandes guerrillas buscaban tomarse las ciudades principales, pero ahora sus motivaciones son más estratégicas que políticas. “Su interés es que la ciudad sea funcional para las operaciones del grupo. Han visto que no pueden tomar Cali y decidieron estar en otros municipios dando el mensaje de que están cerca”, dijo Johnson.
El Cauca sigue soportando la violencia día tras día. El jueves fue detonado un carrobomba en Miranda y hubo enfrentamientos en el casco urbano de Corinto. Hay razones de peso para pensar que la violencia en el suroccidente se va a recrudecer aún más.
A finales de marzo, el presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego con las disidencias de “Iván Mordisco” en Cauca, Valle y Nariño, luego de que asesinaran a tres civiles en Toribío. Días después, la Fuerza Pública comenzó una ofensiva en Cauca y Valle. El 15 de marzo se lanzó la Operación Cauca y paralelamente se intensificaron las operaciones militares en Jamundí.
“He insistido en que la seguridad del Valle depende de la seguridad del Suroccidente; por eso celebro que nuestro llamado haya sido atendido el director de la Policía y se ponga en marcha la ‘Operación Cauca’”, dijo la gobernadora Toro.
Además del asedio, el EMC también es volátil internamente. Alias “Calarcá”, líder del frente Jorge Briceño, que opera en Meta y Caquetá, dejó en evidencia la división sobre los diálogos de paz. La semana hubo una reunión de emergencia en el Caguán para evaluar la continuidad de la mesa. Los bloques del Magdalena Medio, Putumayo y el suroriente ratificaron su continuidad, pero los del Cauca y Arauca dejaron la silla vacía.
“Sabemos de la división interna, pero no ha ocurrido una ruptura formal. Eso podría afectar a Valle, Cauca y Nariño porque el Bloque Occidental estaría en el sector ‘antipaz’ que rompería con “Iván Mordisco”, dijo Johnson. “En caso de que rompan no tendrían a quién responder, ni nadie que les diga que hacer, es probable que se intensifique la violencia”, explicó.
El miércoles el comandante del Bloque Occidental, alias “Andrés Patiño” salió en un video en el que ratificaron su unidad y su lealtad a “Mordisco”, pero las dudas se mantienen.
Cali confía en sus capacidades para blindar la COP
El cimbronazo de la semana pasada logró llamar la atención de las autoridades y articular aún más sus acciones. El general de la Policía, William Salamanca y Hélder Giraldo, general de las Fuerzas Militares, vinieron a la ciudad días después para definir acciones de control y persecución.
“La seguridad ciudadana, la seguridad nacional y el orden público se encuentra en una visión estratégica e integral de todos los actores”, dijo el secretario García. “Estamos haciendo todas las actividades para contener el riesgo. Le hemos dicho a los caleños que nos ayuden con cualquier información útil para prevenir, investigar y judicializar”, agregó.
El blindaje debe ser lo suficientemente sólido para salvaguardar lo que será uno de los eventos internacionales más relevantes en su historia: La COP16. Entre los 12 mil visitantes internacionales habrá cerca de 500 periodistas. Los ojos del mundo estarán en la ciudad.
La ONU, que organiza la COP, ratificó su confianza en la ciudad el pasado lunes, durante la visita de David Cooper, su representante para la organización del evento. “Colombia ha hecho esfuerzos grandes para enfrentar el problema. Tenemos confianza en que los servicios de seguridad van a garantizar la seguridad de todos los asistentes”, afirmó.
Los expertos consultados por La Silla reconocen la amenaza, pero también las capacidades de Cali para defenderse. “Se pueden hacer eventos nacionales e internacionales en Cali sin problema, no es un evento en el cual ellos (el EMC) se quieran hacer notar. Ese no es su modus operandi”, opina Tatiana Niño.
El alcalde y la gobernadora le pidieron al gobierno Petro la llegada de 2 mil policías adicionales en los meses previos al evento y reiteraron sus objetivos de tomar el control territorial de Jamundí y sacar la minería ilegal del Parque Los Farallones.
“Todas las conflictividades se tienen que leer en clave COP, porque ese evento puede activar múltiples manifestaciones, eso pone el reto de la seguridad en un nivel más alto” dijo el funcionario que pidió reserva.
En el pasado, el conflicto marcó la historia de Cali, con tragedias como la Iglesia La María, el secuestro de los diputados, el del kilómetro 18 y el atentado a la estación de Policía de Junín. En un nuevo capítulo del conflicto, y de la ciudad, se espera una defensa a la medida de sus ambiciones.
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