La vida interna del Instituto Nacional Electoral (INE) se ha convertido en un campo de batalla. Disputas por el control administrativo, enfrentamientos entre consejeros, pugnas con la Secretaría Ejecutiva y directores que responden a distintos grupos de poder han terminado por exhibir a un organismo consumido por sus propias ambiciones.

Detrás de la defensa pública de la autonomía electoral subsiste una estructura burocrática que, durante al menos dos décadas, ha acumulado episodios de dispendio, privilegios y disputas por el manejo de recursos millonarios. Pasadas las tormentas que provocan las revelaciones, simplemente no pasa nada.

El escándalo que precipitó la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE constituye uno de los golpes más severos a la credibilidad de la autoridad electoral. No sólo por la naturaleza de las acusaciones, sino porque alcanzaron a quien encabezaba la institución y tenía la responsabilidad de garantizar la legalidad de sus decisiones.

El daño político ocurre, además, en la antesala de las elecciones intermedias de 2027, cuando el organismo necesita una conducción firme y una autoridad que no esté sometida a sospechas sobre su independencia y compromiso con la democracia mexicana, mucho menos sobre sus relaciones con proveedores.

Pero hay antecedentes, y son numerosos. La historia del antiguo IFE, del actual INE y del Tribunal Electoral federal está atravesada por adquisiciones onerosas, gastos injustificados, privilegios de altos funcionarios y conflictos por el control presupuestal. Cada caso documentado provocó un escándalo.

Durante años, esos episodios fueron tratados como problemas administrativos que podían resolverse con explicaciones burocráticas, ajustes internos o cambios de funcionarios. Esta vez, las acusaciones alcanzan directamente a la presidencia del árbitro electoral y........

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