Pedro Saura, en su calidad de exsecretario de Estado de Transportes, en su comparecencia del pasado viernes en la comisión de investigación sobre el ferrocarril en el Senado. / Alberto Ortega - Europa Press

Tenemos muy presente Adamuz y a sus víctimas, así como también el modo truculento, evasivo y bulero con que el ministro responsable del transporte público, Óscar Puente, ha contaminado sus respuestas, disfrazando su responsabilidad política en la disponibilidad para prestarse a múltiples comparecencias, como si atender a esa obligación fuera una virtud que debiera ser celebrada. Basta recordar que el político que más atiende a la prensa, a veces varias al día, es Trump. Dicho queda.

Tenemos, digo, muy presente Adamuz, pero parece que ya se nos ha olvidado Chinchilla, en cuyas proximidades se produjo otro accidente ferroviario, línea Madrid Chamartín-Cartagena, en junio de 2003, con diecinueve muertos y cincuenta heridos, algunos con consecuencias irreversibles. Gobernaban por entonces José María Aznar en España, con Francisco Álvarez Cascos en el ministerio de Fomento, y Ramón Luis Valcárcel en la Región de Murcia. Es decir, un PP plenipotenciario.

Las causas de aquel suceso aparecieron claras desde el primer momento, y pueden resumirse en un dictado general, necesariamente asumido por todos: en la línea Murcia-Madrid no se había invertido una peseta desde Isabel II. Tal vez algo exagerado, pero solo un poco, y en lo fundamental, es decir, en lo estructural, nada.

El Gobierno Valcárcel estaba por entonces empeñado en el nuevo aeropuerto, con cuya realización justificó su continuidad rompiendo su promesa de que solo permanecería en el cargo ocho años, como si solo él pudiera aplicarse a esa tarea. El proyecto contaba con la oposición de los ministros Álvarez Cascos, que solo tenía ojos para Asturias, y Federico Trillo; éste lo boicotecaba dedicando inversiones al aeropuerto de San Javier (una costosa segunda pista de aterrizaje) para tratar de fortalecerlo y apagar las demandas de una alternativa.

Sin embargo, Valcárcel necesitaba un aeropuerto flamante para atraer turistas a la urbanización de Cabo Cope (una Marina D’Or pública) que promovía su Gobierno en ese paraje natural, y para lo que había reivindicado la creación de una autopista, que nadie, ni siquiera el entonces presidente, se atrevió a inaugurar, que corría paralela por la costa a la autovía ya existente, de manera que los visitantes dispusieran de un servicio puerta a puerta nada más desembarcar en Corvera. Todo aquello se fue al traste: los ecologistas consiguieron parar en el Constitucional la urbanización de uno de los pocos parajes del litoral libres de cemento, y por la autopista, que luce el dudoso galón de haber sido rescatada (el Estado, ya se sabe, está para asumir al final los costes de los delirios de grandeza que hacen plafff), circulan cabras libres de peaje y algún vehículo despistado por el GPS.

Queda el aeropuerto, en Corvera, gestionado por la misma empresa que el de Alicante, que difícilmente admitirá competencia; en todo caso, un realojo subsidiario. Esta infraestructura ha colonizado durante años los presupuestos de la Comunidad y en sus sobrecostes se aplica la lupa de una comisión de investigación parlamentaria. Si nos pusiéramos a contar los millones de euros que tanto al Gobierno central como al regional, ambos del PP, les ha costado esta sucesión de fracasos e inversiones baldías sería prudente recurrir a una grajea contra el desmayo.

El intento de acorralar a Saura........

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