El salario de un trabajador es un ingreso para él, y una buena parte del coste de tenerlo contratado para la empresa. No es todo el coste porque la empresa también tiene que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social. En principio, las empresas sólo contratarán nuevos empleados, y mantendrán los que ya tienen en nómina, si la producción de estos empleados supera, al menos, los costes salariales y de cotizaciones. Puede haber excepciones puntuales por algunas razones, pero si en la generalidad de los casos, primero no se producen nuevas contrataciones, después despidos y finalmente el cierre de empresas.

Esta cuestión conviene tenerla en cuenta, especialmente en épocas de inflación y subidas de costes, cuando se determina la subida del salario mínimo. Esencialmente, cuando los costes suben se acaban repercutiendo a precios. Esto quiere decir que una subida importante de los salarios, si no va a acompañada de un aumento de la productividad acabará repercutiéndose en un aumento de precios. Pero, si no hay aumento de precios, entonces lo que acabará produciéndose es una reducción del empleo, como comentábamos antes. La otra alternativa es que parte de la economía se "sumerja", para evitar más costes. Esto lleva a la pérdida de derechos de los trabajadores, y también, a la pérdida de ingresos, cotizaciones e impuestos, de las Administraciones. Las empresas en economía sumergida serán más competitivas a medida que se incrementen los costes, sobre todo salariales y fiscales, de la contratación legal.

Veamos algunos datos sobre la situación de los precios y de los costes laborales de las empresas. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste laboral unitario se estaba incrementado un 5% respecto al tercer trimestre de 2022, la misma tasa que el deflactor implícito de la economía. Esto implica........

© elEconomista