Las violencias machistas son crímenes de poder
Mientras hay quienes discuten si la violencia de género existe o no, la policía tiene que proteger a decenas de miles de mujeres que son víctimas de las violencias machistas. Mientras algunos cuestionan su existencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad movilizan cada vez más agentes para proteger a a las mujeres, y también a sus hijas e hijos. Solo si miramos el sistema de seguimiento policial VioGén, a 31 de diciembre de 2025 sabremos que 103.942 mujeres tienen protección policial en España en el contexto de la violencia de género por parte de su pareja o ex pareja. Pero, además, en más de la mitad de esos casos, esas mujeres tienen hijos e hijas menores de edad a su cargo que de manera indirecta también están viviendo bajo esa protección. En ambos casos, el crecimiento de la protección policial ante el peligro que representa la violencia machista a las vidas de las mujeres y sus hijas e hijos, se ha incrementado un 2% respecto al año anterior.
El incremento que refleja ese dato, como todo dato que se analiza de manera monofocal, puede significar varias cosas: que hay más violencia, que hay más denuncias, que la detección ha mejorado o que más mujeres acceden a los mecanismos de protección. Probablemente hay algo de todo ello, pero el significado más evidente es el de que la violencia machista sigue produciéndose a un ritmo que el sistema no logra detener, que las violencias avanzan igual o más rápido que las políticas destinadas a frenarlas. Está fallando la sensibilización, prevención y la educación, las políticas en las que se debe invertir cuando el riesgo y el peligro todavía no existe. Invertir en el antes y no en el después porque lo que reflejan las estadísticas no son solo un problema sociológico, policial o judicial sino el síntoma de un conflicto profundo sobre el poder, el género y la autonomía de las mujeres. Un conflicto que además no afecta a todas por igual, las mujeres migrantes, racializadas o en situación administrativa irregular enfrentan mayores barreras para denunciar, acceder a protección y ser creídas por las instituciones.
