La decisión de Claudia Sheinbaum de aceptar la imposición del presidente en los tiempos para discutir y aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación marcará inevitablemente el arranque de su gobierno. No sólo porque un cambio del tamaño del que se está proponiendo en el llamado Plan “C” de López Obrador altera la certidumbre y la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, al desconocer cómo se comportará una nueva Suprema Corte de Justicia, o los nuevos jueces y magistrados a los que se pretende elegir por el voto popular, sino también porque a la doctora le tocará enfrentar en su administración una incertidumbre y una turbulencia financiera que bien pudo haberse evitado.

Y aunque la próxima presidenta se vio entrampada entre su lealtad incondicional a López Obrador y su ofrecimiento público de que habría mayor diálogo y calma para discutir esas reformas con todos los sectores involucrados y afectados, la salida que eligió Sheinbaum, para no quedar mal con el que sigue siendo claramente su tutor político y sus primeras declaraciones y promesas a los mexicanos ya en calidad de presidenta electa, fue decir que en estos poco más de dos meses que restan para el inicio de la nueva Legislatura del Congreso de la Unión, se llevarían a cabo sus consultas, encuestas, y un apurado y apretado proceso de parlamento abierto desde las Cámaras legislativas para escuchar los puntos de vista y las propuestas de los mexicanos en torno al cambio de gran calado que le quieren hacer al Poder Judicial.

Hasta ahora la mandataria entrante ha hablado de “consultas” a los sectores jurídicos, judiciales y académicos, además de los empresarios y otros grupos que deseen opinar y expresarse sobre la reforma judicial, aunque no ha especificado con claridad cómo se llevarían a cabo esos foros y si estarían a cargo de la actual legislatura saliente y, más concretamente, del señor Ignacio Mier, que fue........

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