En una misma semana, dos gobernantes surgidos del Partido Morena violentaron de manera burda, grotesca y abusiva el derecho a la privacidad que tienen los ciudadanos mexicanos. Lo más preocupante de ambos casos, que ya de por sí son graves porque representan un abuso de poder de quienes detentan la autoridad, es que, a los dos ciudadanos vulnerados en su intimidad y privacidad desde el Estado, se les ubica claramente como críticos del gobierno, lo que parece encajar con un patrón en el que, más que una casualidad o un exabrupto de los gobernantes, apunta hacia una política de intimidación, descalificación y exhibición desde el Poder, a los opositores y disidentes del régimen.

El primer caso de abuso y ataque a la privacidad lo cometió el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien desde su púlpito mañanero soltó a una jauría encabezada por él mismo, sus colaboradores, opinadores, periodistas militantes y por supuesto las granjas de bots que maneja desde la Presidencia su vocero, en contra de la académica y politóloga, María Amparo Casar, a quien acusan desde el poder de un presunto acto de corrupción cometido hace 20 años cuando cobró un seguro de vida y recibió una pensión post mortem, tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Márquez Padilla, ocurrido en 2004 cuando él era un alto funcionario de Petróleos Mexicanos.

En su andanada en contra de la directora de Mexicanos contra la Corrupción, una organización civil que realiza y documenta reportajes periodísticos sobre la corrupción política y gubernamental, el presidente no dudó en poner en marcha y utilizar todo el aparato del Estado mexicano para exhibir la supuesta conducta irregular cometida por la señora Casar, a quien no solo le revivieron el doloroso tema del suicidio de su esposo, sino que además publicaron y difundieron desde las páginas oficiales de la Presidencia de la República los expedientes judiciales de aquel año sobre los peritajes e investigaciones de la muerte de Carlos Márquez, con la intención de desacreditar que María Amparo “no tiene autoridad moral”, como lo declaró desde el viernes el presidente.

La acusación pública del presidente, que ni siquiera queda del todo acreditada o comprobada con la difusión ilegal de los expedientes que contienen información privada y datos personales de la familia Márquez-Casar, es que la hoy directora de Mexicanos contra la Corrupción habría cobrado, en su tiempo, un seguro de vida por 130 mil pesos y habría pedido la pensión que le correspondía a su esposo, además del pago de gastos funerarios, a pesar de que el señor Márquez, que entonces era Coordinador de Asesores del Corporativo de Administración de Pemex, se había quitado la vida por su propia decisión al arrojarse de la Torre de oficinas de la empresa estatal, mientras que los dictámenes en su momento hablaron de un accidente de trabajo.

El seguro de vida que tanto le molestó al presidente lo cubrió en su momento un banco privado, mientras que la pensión post-mortem que cobró la familia del funcionario fallecido era un derecho laboral adquirido, sin importar cuál fuera la causa de su muerte. Pero nada de eso se dijo en el discurso de odio lanzado por el Presidente y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en contra de la académica que dirige una organización civil que exhibe la........

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