La estrategia de la polarización que ha permeado el curso del sexenio –los que no están conmigo están contra mí— se ha implantado ya en los órganos electorales. En estos días hemos atestiguado la defenestración del presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, orquestada por tres magistraturas afines al presidente López Obrador y, casi al mismo tiempo, la ruptura de la cohesión en el Consejo General del INE, dividido ya abiertamente entre los leales al gobierno y los indisciplinados. En el Trife, una triste mayoría de tres fieles magistrados se impuso sobre los dos que se han negado a obedecer; en el INE, la precaria mayoría es de los rebeldes: seis contra cinco.
No es necesario hacer demasiadas conjeturas para anticipar lo que eso significa: los órganos que debían mantenerse incorruptiblemente ajenos a las estrategias políticas de los partidos y cuyos integrantes debían seguir una conducta colectiva e individual equidistante de los intereses políticos en pugna, han caído en la trampa tendida por el régimen: los buenos contra los malos, definidos por su cercanía o su disidencia con las decisiones de quien encarna la voluntad del pueblo. Y ni siquiera es preciso esperar al resultado electoral de junio para saber las consecuencias de esa polarización.
El INE y el Trife van tomando decisiones que marcan, para bien o para mal, la legitimidad postrera de las elecciones. Si ceden ante los hechos y las argucias impuestas por la contienda política en vez de defender la autoridad que les fue conferida por mandato constitucional, lo que se va tejiendo es una trama de conflicto. Se ha dicho mil veces que su tarea fundamental es garantizar una competencia limpia y construir las condiciones de aceptabilidad de la derrota para los vencidos en las urnas (pues los ganadores no se disparan en los pies). Empero, en esta ocasión parece que algunos de sus integrantes se han dado a la tarea de preparar las condiciones para el estallido que podría venir en junio, cuando la pólvora de la polarización acumulada por los despropósitos se encienda con la chispa de la jornada electoral. Es decir, están haciendo exactamente lo contrario de lo que se espera de ellos.
No pasará mucho tiempo para que atestigüemos que la última instancia del arbitraje constitucional comience a padecer los efectos del mismo virus de la polarización, tras la entrada en escena de una de las militantes más radicales de la 4T, investida ahora como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Esa es su misión y así lo dijo: romper al Poder Judicial por dentro, inyectando la discordia necesaria para hacer avanzar la reforma diseñada por el presidente López Obrador, según la cual todas y todos los ministros de la Corte deben ser desplazados por quienes estén dispuestos a hacer campañas y buscar votos para ganar sus cargos, honrando el mismo principio de la mayoría garantizada por aquellos órganos anestesiados por el Ejecutivo federal.
La polarización inoculada ya ha tenido algunos éxitos indiscutibles para el régimen. Los más evidentes –hasta ahora— han sido el anticipo franca y abiertamente ilegal de las campañas por la Presidencia, justificado por los órganos electorales ya alaciados; la permisividad de la propaganda emitida todos los días desde el Ejecutivo, para favorecer a su partido; y la emisión de una normatividad a modo para recaudar y gastar dinero a gusto, con el aval de estas autoridades miopes.
Todo lo anterior ya está ocurriendo y todavía no empiezan las campañas (quiero decir: legalmente hablando). En el camino, veremos muchas más conductas contrarias a las reglas de la competencia y veremos, también, cómo se desgarran por dentro los órganos responsables de hacerlas valer entre los leales al gobierno y los rebeldes.
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