Autoridades mineras locales y nacionales completan cinco días tratando de establecer cómo, a pocos metros del Batallón Rifles N.º 13 del Ejército, ubicado en el municipio de Cáceres (Antioquia), sigue funcionando una gigantesca extracción de oro ilegal, con maquinaria amarilla, vertimiento de mercurio y redes de mineros presuntamente conectados con grupos criminales.

Un reportaje del diario estadounidense The New York Times prendió las alarmas, luego de que publicó que la explotación ilegal se había extendido hasta los linderos del batallón militar.

Y desde el alto Gobierno empezaron a preguntar por el tema después de que la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que el presidente Petro aparece entregándole, en abril de 2024, un título de formalización, de la Agencia Nacional de Minería (ANM), a la comerciante Hermelina Cardozo Calle, a quien Corantioquia ya le había otorgado una licencia ambiental (en 2022) en la misma zona, conocida como el predio La Mandinga.

Es como de no creer. Y lo que ahora se sabe es que no solo el Ejército ya había denunciado el vertimiento de mercurio y otros delitos ambientales en la zona, incluida en la titulada a la señora Cardozo. Ella misma denunció ante Corantioquia el desarrollo de actividades mineras no formalizadas dentro del polígono asignado y afectaciones ambientales causadas por mineros indeterminados. Una primera denuncia se hizo en noviembre de 2022; la otra, en mayo de 2023, pero las cosas siguen igual tres años después.

No obstante, mientras las bandas sacaban la mejor tajada, incluso exportando el oro extraído ilegalmente, la tenedora del título seguía pagándole regalías al Estado en una cuantía no mayor a los 29 millones de pesos.

Y si bien Corantioquia remitió, en su momento, el caso a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la ANM, es evidente que la extracción ilegal continúa en la zona, no solo en la que está titulada (ubicada a un kilómetro del batallón, como lo dijo el propio Presidente), sino a pocos metros de la sede militar.

Una verdadera formalización minera requiere de acciones integrales y no de constancias de normas que se aplican solo en el escrito.

Lo más grave es que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el predio está ligado al exparamilitar alias Macaco y que el ‘clan del Golfo’ estaría detrás de ese crimen que deja ganancias millonarias a costa del medio ambiente.

Tras la polémica, Corantioquia explica que hizo visitas en terreno e instauró las denuncias pertinentes; y la ANM emitió un comunicado en el que manifiesta que desde hace un año había pedido que se atendieran las denuncias de Cardozo. Pero es evidente que lo único que avanzó fue la devastación al medio ambiente y los réditos a las organizaciones criminales.

Por eso, además de explicaciones claras, se requiere de manera urgente una coordinación de las autoridades administrativas, penales y policiales para frenar una práctica criminal que destruye el futuro ambiental del país y sigue nutriendo a estructuras criminales más que la propia cocaína.

Una verdadera formalización minera requiere de acciones inmediatas e integrales y no solo de constancias de que las normas se aplican en el escrito, pero no en terreno.

Ahora se indaga cómo se aprobó la licencia ambiental, ligada al título de la ANH, y si esta ya está vencida. El país espera actuaciones reales y explicaciones satisfactorias.

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