¿Ethan, Eitan o Eithan?, acta de defunción, pero no de nacimiento

Ejecutómetro a la baja y 400 más de la Defensa

Guerra en Medio Oriente pegará en la mesa

Rumbo a la digitalización total de pagos

¿Eitan, Ethan o Eithan? La pregunta fue generalizada entre reporteros, redactores y correctores periodísticos sobre el nombre preciso del niño de año y medio, cuyo asesinato a manos de la madre, así como las agresiones previas por parte de ella y del propio padre, han colocado en estado de shock emocional a la sociedad fronteriza.

Ninguna autoridad pudo ofrecer respuesta sobre el nombre correcto, debido a que el niño no fue inscrito en el Registro Civil por ninguno de sus jóvenes padres, Vianey Esmeralda H. G. ni Bryan Adrián S. A.

Al fatal maltrato físico le agregaron los padres el desdén por el registro poblacional oficial, la indiferencia por recibir todo tipo de medidas preventivas de salud y, en general, por todos los futuros derechos ciudadanos que implica el documento registral.

La impensable y tétrica tarea de redactar el acta de defunción sin acta de nacimiento debió correr a cargo de las autoridades periciales-ministeriales, acostumbradas a todo tipo de acciones en escenas del crimen, pero prácticamente ninguna como esta. Han compartido el dolor social general.

Más dramático aún, debieron ser familiares del inocente niño quienes decidieran sobre el nombre correcto y los funerales correspondientes; desde luego, no los papás, ya presos, ni los abuelos maternos, que encubrieron a la hija a sabiendas del terrible maltrato que sufrían los dos hijos de los detenidos; en particular, Eitan.

Del niño fallecido, Vianey Esmeralda no soportaba que llorara de hambre; lo asesinó y, con la mayor sangre fría, llevó el cuerpo desde el centro de la ciudad, la colonia Fronteriza Baja, hasta Los Kilómetros, para arrojarlo dentro de una bolsa negra en un predio baldío.

Pudo deshacerse de él solo por unos días, en lo que el cuerpo fue descubierto y policías del área de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública, expertos en seguimientos de cámaras de vigilancia, lograron los vínculos necesarios precisamente hacia la madre y detenerla, con el respaldo fundamental de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Hubo por parte de ella todo el dolo inimaginable para deshacerse del cuerpo de su hijo, incluido su menosprecio por el acta de nacimiento.

De la mesa de seguridad estatal reportan un dato alentador sobre los niveles de violencia en el estado. Para no entrar en danzas de números, basta señalar que los homicidios dolosos, hasta hace unos dos años, eran en promedio por encima de cinco por día —la mayor parte en Juárez—; ahora, la incidencia apenas rebasa tres diarios.

El ejecutómetro a la baja cobra relevancia ahora que el tema de la inseguridad y la violencia comienza a ser manoseado con fines políticos, en comparativos sobre si la ciudad de Chihuahua o la frontera están peor o mejor que en años anteriores.

Los números fríos abonan a una ganancia en la percepción de seguridad a nivel estatal, de acuerdo con el análisis de los mandos civiles y militares de las fuerzas del orden de todos los niveles. Discutir sobre eso no abona a la misión de garantizar espacios urbanos más seguros.

La baja en los homicidios dolosos —como mayor expresión de la violencia, que sigue dando brutales muestras de su existencia con casos atroces como algunos de los registrados aquí— se da en un contexto de mayor presencia del Ejército y la Guardia Nacional, que superan un despliegue de más de mil elementos solo en Juárez.

Adicionalmente, el pasado miércoles arribaron a la frontera más elementos de la Secretaría de la Defensa, desde la Quinta Zona Militar, con sede en Chihuahua, y de la XI Región Militar, con base en Coahuila.

Llegan a sumarse al despliegue en la ciudad, que tanto la administración del alcalde Cruz Pérez Cuéllar como la gobernadora Maru Campos han agradecido al alto mando militar, del que dependen tanto el Ejército como la Guardia Nacional.

Ciertamente, ese mayor despliegue obedece a presiones de Estados Unidos para controlar los delitos que afectan más allá de la frontera, pero su impacto comienza a ser medible y favorable en el día a día de la ciudad.

El golpe de la guerra en Medio Oriente ya no es algo lejano ni exclusivo del petróleo. Hoy está llegando directo al campo y, tarde o temprano, a la mesa.

En las últimas semanas, el precio de fertilizantes clave como la urea ha subido alrededor de 30 por ciento. Si no hay acuerdos pronto, esto terminará encareciendo alimentos en todo el mundo.

Detrás de esto no hay misterio: el conflicto con Irán ha encarecido el gas natural —base para producir fertilizantes— y ha puesto en riesgo rutas clave de suministro a nivel mundial. También hay problemas con el azufre y el amoníaco, ambos usados en el campo.

¿Qué significa esto en palabras simples? Que producir alimentos se está volviendo más caro. Y cuando al productor le suben los costos, ese aumento no se queda en el campo: termina reflejándose en el precio de lo que compramos todos los días.

Es el mismo efecto en cadena que ya vimos antes: energía cara, transporte caro y ahora fertilizantes caros. La combinación es peligrosa porque vuelve a presionar la inflación, justo cuando parecía que empezaba a dar tregua.

En México, donde buena parte de los fertilizantes son importados, el impacto es directo.

Y en regiones como la frontera norte, donde el costo de vida ya viene presionado por el tipo de cambio, el diésel y una actividad industrial más débil, esto se suma como otro factor que aprieta el bolsillo.

Parte central del discurso de la 4T ha sido satanizar la época neoliberal, y en particular al salinismo. Pero ahora la realidad económica se impone, y lo que importa son los hechos.

Así, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado a la Cámara de Diputados una iniciativa para que el sector privado pueda participar en proyectos de infraestructura estratégica, que incluyen carreteras, trenes, puertos, energía y agua, entre otros.

La nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo del Bienestar abrirá los mecanismos denominados “vehículos de coordinación en inversiones”.

Con ellos podrá la IP participar de manera directa, indirecta o mixta en áreas clave del país, “sin menoscabo de la conducción estratégica del Estado”.

En el documento, de 149 páginas, enviado a San Lázaro, se señala que las actuales leyes de Asociaciones Público-Privadas y de Obras Públicas “no cubren de manera integral” los modelos de inversión, coinversión o financiamiento para fomentar el desarrollo en ciertos sectores estratégicos.

Ello incluye rubros como comunicaciones, transportes, agua, medio ambiente y sostenibilidad, energía, desarrollo urbano, desarrollo turístico, parques industriales, establecimientos de salud, educación, espacios públicos y tecnologías.

Los “vehículos de coordinación” serán estructuras jurídicas o financieras, en forma de sociedades anónimas, fideicomisos o instrumentos bursátiles, que permitan fondear las obras.

Sea salinismo o cuatroteísmo —o la misma gata revolcada—, lo relevante es que sea para bien.

Uno de los anuncios trascendentes de la presidenta Sheinbaum en la 89 Convención Bancaria, en Cancún, es que a partir de este año el pago de gasolinas y casetas será únicamente digital.

Expuso la mandataria que eso permitirá avanzar en la digitalización del país “a través de muchos otros esquemas”, incluidos pagos de varios servicios públicos.

El objetivo es disminuir cada vez más el uso del efectivo, que actualmente representa el 80 por ciento como la principal forma de transacción.

Por su parte, la presidenta del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, urgió a los banqueros a simplificar las operaciones digitales de los usuarios y recordó que el SPEI reúne las características necesarias para que los bancos amplíen el uso de pagos inmediatos.

A su vez, Emiliano Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, anunció que el banco central está por emitir los criterios de homologación para los pagos digitales a través de CoDi y Dimo, usando aplicaciones en teléfonos celulares.

No han precisado la fecha de entrada en vigor de las nuevas disposiciones, pero, por lo pronto, millones de automovilistas deberán anticipar tener fondos suficientes en sus tarjetas, porque aquí será a la inversa de tener que ir a sacar billetes del cajero.

Hay que irse adaptando al nuevo entorno digital, supuestamente más ágil y seguro, pero también —y sobre todo— más fiscalizador.

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