Portada de un capítulo dedicado a la guerra civil española en 'Crónicas de la Revolución', un podcast famoso en el mundo trumpista de Estados Unidos. / J Posobiec

En estos últimos años, el debate sobre la memoria histórica se ha ido simplificando hasta extremos que a veces resultan casi caricaturescos. Es cierto que siempre habrá quienes presenten las iniciativas para recuperar las víctimas de la Guerra Civil como un ejercicio de revancha ideológica, mientras otros consideran que cualquier crítica a la forma en que el Estado gestiona esa memoria es una forma de negacionismo o nostalgia franquista. Entre ambas posiciones se va perdiendo la idea esencial: la memoria pertenece al ciudadano antes que al Estado.

Durante la Transición predominó lo que Santos Juliá llamó la «política del olvido». No fue el resultado de un pacto formal para olvidar, pero sí de una voluntad compartida de no reabrir las heridas de la Guerra Civil mientras se construía la democracia. La voluntad de reconciliar las dos Españas se impuso a lo que habría sido justo y correcto. En 2007, el Gobierno Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica, destinada a reconocer y ampliar los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra y la dictadura. La ley declaraba ilegítimos los tribunales........

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