El pasado 26 de junio, el gobierno eliminó la prohibición del uso de criptomonedas y autorizó a las entidades financieras realizar transacciones con activos digitales. La medida puso fin a una decisión del Banco Central de Bolivia (BCB), establecida en 2014 y consolidada a través de resoluciones de 2020 y 2022, que consideraban que las monedad virtuales “son emitidos de manera desconocida y no tienen una aceptación generalizada en las economías; también son utilizadas para el lavado de dinero, la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento de actividades ilegales”, y que “implican potenciales riesgos de generar pérdidas económicas a sus operadores y/o poseedores”.
Todos los argumentos citados se olvidaron hace dos semanas y ahora el BCB cree que las criptos “proporcionarán a la población un mecanismo adicional que coadyuvará con el fortalecimiento de las actividades financieras, comerciales y productivas privadas de compra de servicios”, además de “satisfacer las diferentes necesidades”.
No es el primer caso en que, frente al implacable avance del tsunami de la crisis, el gobierno se ve obligado a retroceder en decisiones y medidas que antes asumía como dogmas del modelo.
Recientemente el ministro........

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