El problema más grave de la corrupción surge cuando deja de ser censurada y se convierte en una forma de pensar socialmente aceptada. Esa es la mentalidad mafiosa: justificar la ilegalidad, despreciar la honestidad y creer que el dinero o la influencia pueden borrar cualquier responsabilidad.

Desde esa lógica, quien engaña, soborna, falsifica o se enriquece ilícitamente no se considera delincuente, sino astuto y exitoso. En cambio, quien cumple las normas parece ingenuo. Así, la trampa se disfraza de viveza y la deshonestidad pretende pasar por inteligencia. Lo importante sería conseguir resultados, sin importar los medios ni el daño causado. La justicia se considera un obstáculo neutralizable con dinero, contactos o presiones.

La impunidad alimenta esa percepción. Si una investigación fracasa por negligencia, deficiencias institucionales o corrupción, algunos interpretan el resultado como prueba de superioridad. Pero una denuncia no demuestra culpabilidad y una absolución debe respetarse; del mismo modo, que un proceso no termine en condena no permite afirmar automáticamente que nada ocurrió. El Estado de Derecho exige presunción de inocencia, debido proceso e investigaciones independientes y eficaces.

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