Este sábado se manifestaron unas 550.000 personas en toda Francia, según el Ministerio del Interior, y el balance conocido este domingo superaba los 1.800 detenidos. No estamos ante una protesta puntual. Es el reflejo de una profunda fractura social que coincide con algo que los mercados llevan meses advirtiendo: el deterioro de las finanzas públicas.

Francia ha perdido la confianza casi automática de la que disfrutó su deuda durante décadas. La deuda pública ronda ya el 119% del PIB. El viernes, el bono a diez años cerró al 4,79%, frente al 3,42% del Bund alemán. Un diferencial de 137 puntos básicos, después de haber rozado los 147 a comienzos de octubre.

Y la factura no ha hecho más que empezar. El Tesoro francés prevé emitir unos 340.000 millones de euros en 2027 y destinar cerca de 73.000 millones solo al pago de intereses.

Un matiz importante: el cierre del viernes no recoge todavía los disturbios del sábado. Pero ambos episodios cuentan la misma historia desde ángulos distintos. La desconfianza en que la política sea capaz de corregir los desequilibrios estructurales del país.

Francia necesita reformas fiscales y presupuestarias. El problema es que cada intento de recortar gasto choca con una resistencia social y política enorme. Las presidenciales son en abril de 2027 y el fantasma de unas legislativas anticipadas complica todavía más el tablero.

La pregunta no es cuándo votarán los franceses, sino si de las urnas saldrá una mayoría capaz de tomar las decisiones que llevan años aplazándose. Unas elecciones renuevan la legitimidad democrática. No reducen el déficit ni refinancian la deuda.

Mientras Francia lidia con su propia........

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