Hace aproximadamente dos años, conversé con un congresista de trayectoria y afinidad ideológica liberal promercado. Por aquellos días, se discutía en el Parlamento una reforma regulatoria que dañaría irreparablemente a un sector de la economía formal y, además, traería nefastas consecuencias para el funcionamiento del modelo. Se trataba de una de esas normas populistas que han avanzado sostenidamente en las últimas legislaturas. En aquella conversación, le pregunté por qué ni siquiera entre sus colegas de derecha se manifestaban resistencias a ese embate populista (de hecho, el dictamen se aprobaría sin votos en contra y con unas pocas abstenciones). “¿Qué han hecho el gremio de ese sector y sus empresas por los partidos que defendemos la Constitución de 1993? Solo nos buscan cuando están en aprietos, cuando es muy tarde y nada podemos hacer”, respondió.

Parte del divorcio de nuestra clase política con el resto de la sociedad recae en la ausencia de vínculos estables entre los tomadores de decisiones de políticas públicas y los sectores sociales (organizados o no) que garanticen una expresión de demandas transparentes y rendición de cuentas. Los actores económicos formales son, sin dudas, parte fundamental de esa sociedad que también sufre la crisis de representación. De hecho, en muchas ocasiones, aunque suene inverosímil para el pensamiento conspirativo, el establishment no tiene quién lo defienda, especialmente en circunstancias en las que el sentido común populista ha ganado la batalla. En los........

© El Comercio