Opinión | Editorial

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Dos camiones se han movilizado para desmantelar el asentamiento chabolista. / Manu Mielniezuk

El próximo fin de semana vence el plazo que ha dado el Ayuntamiento de Palma a los moradores de la antigua prisión para desalojar de forma voluntaria las destartaladas instalaciones, unas 300 personas vulnerables con distintos perfiles, que se arriesgan a una sanción en caso de incumplimiento. Ante la angustia de los afectados, a los que tampoco se les ha ofrecido una clara alternativa más allá de la promesa de derivarlos a unos servicios sociales desbordados, el alcalde Jaime Martínez alega el riesgo real para la seguridad de las personas por las deplorables condiciones del recinto, que amenaza ruina y acumula basura, y apela a la necesidad de demoler una parte para construir una nueva rotonda de acceso a la Vía de Cintura. El resto seguirá........

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