Se suman voces críticas frente a la reforma constitucional relativa a los estados de excepción del presidente Kast. En la propia derecha, sustento de su gobierno, crecen los reparos a dicha reforma, lo que dificulta su aprobación parlamentaria. Por primera vez el término iliberal (aplicable a los regímenes autocráticos, como señalé en mi columna anterior) se le adosa al gobierno, cuestión que el Presidente se apresuró a desmentir. El hecho es que dicha reforma cruza la línea roja de los principios liberales de la democracia que rige al país.

Lo de iliberal no es una calificación antojadiza. Se habla de democracia liberal porque la democracia no consiste únicamente en que gobierne quien obtiene la mayoría, pues supone también que esa mayoría está sometida a reglas, derechos fundamentales y controles que protegen al individuo frente al poder del Estado.

La reforma cruza esa frontera al ampliar de manera especialmente intensa las facultades de excepción y reducir las salvaguardias que justifican precisamente su carácter excepcional. Y lo hace, además, mediante una reforma constitucional, elevando la alteración del equilibrio entre autoridad y libertad al nivel más alto del orden jurídico nacional.

Chile necesita un Estado fuerte frente al crimen organizado, al terrorismo y a cualquier forma de violencia capaz de disputar territorialmente su autoridad. Lo que no necesita es confundir esa fortaleza con una ampliación indefinida de los poderes excepcionales del Ejecutivo.

El proyecto del gobierno de Kast crea un nuevo estado de excepción de seguridad pública que podría mantenerse hasta 240 días antes de requerir autorización parlamentaria para continuar. Durante su vigencia permitiría restringir o........

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