La destitución de la doctora Elisa Corujo es un atropello democrático que huele a censura institucional. La decisión de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de fulminar a la presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia no fue un simple relevo organizativo; supuso un castigo político ejemplarizante.                                                         

Escudarse en una vaga "imposibilidad para el ejercicio de sus funciones" para apartar a una geriatra en plenitud de sus capacidades profesionales constituye un........

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